Posverdad

Lo que comenzó como una denuncia pública del presidente de Canaco Juárez, Iván Pérez, sobre presuntas represalias por disentir dentro de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), terminó siendo un proceso formal con expediente abierto, argumentos legales y acusaciones que huelen más a fuego cruzado político que a mera aplicación estatutaria.

La Comisión de Honor y Justicia de la Concanaco aclaró que el procedimiento no tiene nada que ver con la asignación de consejerías ante el IMSS, como ha insinuado el propio Pérez, sino con declaraciones que, según la Confederación, atentan contra la imagen institucional, alteran el orden interno y generan conflicto de intereses por vínculos externos.

En papel, la narrativa es impecable: la Comisión actúa como órgano autónomo, con base legal, cuidando la estructura y el respeto.

Pero fuera del boletín, el caso trae consigo resonancias políticas, internas y externas. Iván Pérez no es un dirigente empresarial menor. Ha sido actor activo en los vínculos con el gobierno estatal, con la Federación, y hasta en temas como propiedad industrial y comercio local. Su reciente activismo contra inspectores y cuotas impuestas por sociedades autorales también lo ha puesto bajo reflectores.

El expediente 02/2025/CHJ puede parecer solo otro trámite, pero se trata de una advertencia directa desde la presidencia nacional de Concanaco, encabezada por Octavio de la Torre. La línea es clara: el desacato, la crítica abierta y la movilización contra decisiones centrales no se tolerará sin consecuencias.

Y aunque el boletín de la Concanaco habla de legalidad, respeto y debido proceso, el lenguaje y el fondo revelan que aquí lo que se disputa no es solo una presidencia empresarial, sino una narrativa: quién tiene el derecho de hablar, disentir y marcar rumbo en el sector comercio.

Queda claro que en la Concanaco también se juega política. Y de la buena.

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No fue una reunión casual. Se sentaron a la misma mesa tres de las figuras clave del panismo gobernante en Chihuahua: Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno; César Jáuregui, fiscal del Estado; y Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN.

La foto del encuentro no tardó en aparecer en redes sociales. Fue publicada con premeditación: en Facebook, Instagram y hasta en X (Twitter). El mensaje es claro: unidad, fuerza y control político, especialmente después de una jornada electoral atípica como la de la elección judicial.

Se trató, oficialmente, de una comida “entre amigos”, aunque De la Peña se permitió bromear diciendo que echaron un volado para ver quién pagaba la cuenta… y le tocó a Daniela. Pero en política —y más en política de alto nivel— no hay comida inocente ni bromas sin cálculo.

La temporalidad del encuentro no es menor. Se da un día después de que concluyó el cómputo oficial de la elección de magistrados del Poder Judicial, donde los grupos afines a Palacio marcaron músculo. Los números favorecieron a perfiles cercanos al oficialismo y a operadores institucionales de Maru, con respaldo desde los tres frentes: el político (Daniela), el jurídico (Jáuregui) y el operativo (De la Peña).

Con esta imagen, el gobierno estatal manda dos mensajes:

1. Interno: que hay cohesión entre los principales operadores de Maru Campos, sin fisuras entre partido y gobierno.
   
   

2. Externo: que no se descuidará ningún flanco frente al 2027, menos aún el control del aparato judicial, que puede ser clave en tiempos de transición y reacomodo político.
   
   

Así que sí, fue comida… pero también fue mensaje. Y quienes deban entenderlo, ya lo hicieron.