Posverdad

Al menos por hoy, respirarán tranquilos Daniel Constandse y Luis Rivera, cabezas de la UACJ y UACH, respectivamente, al confirmarse que no habrá recorte presupuestal directo para sus universidades en 2025. Pero, como todo alivio en política, viene con un asterisco: la inflación.

Con un golpe del 5% en términos reales, las finanzas de ambas casas de estudio exigen una cirugía mayor de austeridad. La narrativa del "sin recorte" es un salvavidas político, pero en el terreno real, las universidades enfrentarán desafíos para no comprometer calidad ni proyectos.

El duelo de titanes entre la educación superior y los ajustes económicos parece no tener fin, mientras los rectores siguen buscando un equilibrio imposible: operar con menos, pero ofrecer más. ¿Será que este respiro financiero es solo un espejismo antes de una tormenta presupuestal más fuerte?

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Chihuahua al presentar la iniciativa para la elección popular de jueces y magistrados. El proyecto, que se estrenará el 1 de junio de 2025, busca alinear los procesos judiciales locales con el ámbito federal, otorgando a los ciudadanos el poder de decidir quiénes ocuparán los cargos clave del Poder Judicial por un periodo de ocho años.

En teoría, esta reforma promete fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, pero también abre un debate profundo: ¿puede garantizarse la independencia judicial cuando las urnas y la política entran en juego? Alfredo Chávez asegura que la homologación con los procesos federales es un paso hacia una justicia más cercana, pero las críticas no se han hecho esperar, señalando el riesgo de politizar la balanza judicial.

El proyecto incluye medidas transitorias intrigantes, como la renuncia anticipada para obtener haber por retiro y la creación de una Comisión de Transición tripartita, que arrancará en junio de 2025. Sin embargo, queda por verse si la ciudadanía adoptará con entusiasmo esta nueva facultad o si se convertirá en otro campo de batalla entre intereses partidistas.