Posverdad

El Cabildo de Juárez dio luz verde a una jugada que, aunque pragmática, no deja de tener tintes políticos: la reforma al Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública para liberar más de 46 millones de pesos del Fondo de Vida, originalmente destinado a proteger a los agentes de la SSPM, y ahora para auxiliar a las familias damnificadas por las lluvias.

Cruz Pérez Cuéllar logra con esto dos cosas: primero, responde con rapidez a una demanda social que clama por apoyos inmediatos; y segundo, se posiciona como un alcalde que sabe mover las estructuras municipales cuando la emergencia lo exige. 

La narrativa que busca instalar es clara: en Juárez no hay burocracia que frene el respaldo a su gente.

Para el edil, esta es también una oportunidad política en medio de la crisis. Con 46 millones disponibles, puede capitalizar en territorio el respaldo a los damnificados y marcar diferencia frente al discurso estatal. Además, asegura la reserva de 6.5 millones para los agentes, evitando un choque con los cuerpos de seguridad que han sido clave en la atención a la emergencia.

En resumen, la reforma es un movimiento de alto voltaje: mezcla sensibilidad social, cálculo político y capacidad administrativa. 

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Graciela Ortiz González, la experimentada priista, ha vuelto a poner a Chihuahua en el radar nacional con su punto de acuerdo en San Lázaro por el caso del crematorio “Plenitud”. En un discurso que mezcla indignación y exigencia, pidió justicia, reparación del daño y una revisión a fondo de la Coespris.

La narrativa es potente: revictimización, abandono institucional y una cadena de omisiones que, según la legisladora, expone la vulnerabilidad de cientos de familias juarenses. La exigencia de sancionar a servidores públicos resuena fuerte en un estado donde el caso ya es símbolo de negligencia.

Pero en política nada es casual. Chela sabe que tocar la fibra social con un tema tan doloroso también puede darle oxígeno al PRI en un terreno donde hace tiempo dejó de ser protagonista. No olvidemos que en 2021, en plena elección a la gubernatura, la diputada declinó a favor de Maru Campos, gesto que fortaleció la alianza opositora que llevó a la panista al poder. Hoy, en cambio, el discurso de Ortiz lanza un dardo directo a la administración estatal.

¿Es esta una bandera genuina de derechos humanos o un mensaje velado de que el PRI no será comparsa de nadie rumbo a 2027? Chela lo sabe bien: en política, exigir cuentas siempre tiene doble filo. Por un lado, asume el papel de voz de las víctimas; por otro, reposiciona al tricolor en la conversación pública de Chihuahua.

Mientras tanto, la exigencia de que la Fiscalía investigue “con rigor científico” y que Derechos Humanos actúe es un recordatorio incómodo para Palacio: el costo político de la crisis en Plenitud sigue creciendo.