Propone Rosana Díaz reforma para regular servicios funerarios

Durante la última sesión de la Segunda Diputación Permanente, celebrada esta mañana en el Salón Morelos del Congreso del Estado, la legisladora presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Estatal de Salud y adicionar un Artículos 247 Bis relativo a la gestión de residuos biológicos peligrosos.

El Artículo, de ser aprobado, establece como obligación para estas empresas el cumplimiento de dos Normas Oficiales Mexicanas: la NOM-002-SEMARNAT-1996, que aborda la descarga de estos residuos al alcantarillado, y la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 sobre el tratamiento de cadáveres. 

En él se lee: «Para la obtención de permisos o licencias, todo establecimiento que preste servicios funerarios, de embausamiento o cremación deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, demostrando mediante la autorización de la autoridad competente cumplir con los criterios, regulaciones y protocolos para el manejo, clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos».

Porque —advirtió Díaz Reyes— el manejo erróneo de restos humanos y el mal embausamiento dan lugar a el esparcimiento de agentes patógenos de alta peligrosidad, como el virus de la Hepatitis B y C, además de que representa una amenaza química al involucrar soluciones cuyo principal componente es el formaldehído, sustancia clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un carcinógeno del Grupo 1 para humanos. 

«La consecuencia es bioquímicamente inevitable: la descarga de estos potentes biocidas inhibe y colapsa el ecosistema microbiano del que dependen las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. El resultado es que el Estado, a través de sus municipios, termina envenenando su propia infraestructura de saneamiento, una inversión pública multimillonaria, y se ve forzado a incumplir la normativa federal, descargando aguas residuales prácticamente crudas a nuestros cuerpos de agua», puntualizó. 

La congresista hizo alusión a los hechos ocurridos en el crematorio irregular Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde fueron localizados 383 cadáveres sin incinerar, apilados, en condiciones insalubres y en diferentes niveles de descomposición. Un acto que ha calificado como «síntoma de una profunda omisión en nuestro marco regulatorio».