Impuesto sobre Tenencia de Vehículos

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos ha sido un gravamen muy debatido en el sistema tributario de México.

El presidente López Mateos envió la iniciativa en 1962 para que el impuesto entrara en vigor en 1963, concibiéndolo originalmente como medida temporal para financiar la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Sin embargo, una vez concluido el evento el impuesto continuó vigente debido a la necesidad de recaudación del gobierno federal y fue hasta el mes de enero de 2012 en que se hizo efectiva su derogación.

Esto puso en evidencia que, en más de una vez, los impuestos “temporales” suelen permanecer al representar una fuente de ingresos a la que los gobiernos les ha costado renunciar.

Así sucedió con el “Impuesto de 1% sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón”, que nació en febrero de 1963 destinado expresamente a financiar la educación media y superior, técnica y universitaria y que, con algunas modificaciones, duró hasta agosto de 1993 (30 años) en que fue abrogado.

El impuesto sobre tenencia de vehículos fue un impuesto federal y su recaudación se distribuía entre las entidades federativas. Su cálculo dependía del valor del vehículo, el modelo y otras características técnicas, por lo que los automóviles de mayor valor pagaban cantidades superiores hasta que el presidente Calderón decretó su derogación gradual, permitiendo que cada entidad federativa decidiera si lo mantenía o no en su legislación.

Eventualmente, los estados empezaron a recibir mayores facultades para administrar el impuesto y algunos otorgaron subsidios o exenciones parciales, lo cual generó diferencias entre ellos; la competencia fue: a ver quién cobra menos.

El impuesto dejó de tener una vigencia uniforme y los políticos lo utilizaron como bandera para prometer a los posibles votantes, su derogación, aunque esto redujese la recaudación de su estado.

Además de los argumentos políticos, hubo razonamientos en el sentido de que el impuesto desalentaba la adquisición de vehículos nuevos, afectando así a la industria automotriz.

Al dejar el impuesto como una contribución local, coexistieron diferentes esquemas en los estados provocando así una desigualdad horizontal, dependiendo de la entidad donde los vehículos fuesen registrados.

Ejemplos de esto fueron los vecinos estados de Coahuila y Durango, cuando este último sostenía tarifas más bajas, induciendo a los residentes en la ciudad de Torreón, a registrar sus vehículos en Gómez Palacio; otro caso es el del estado de Morelos, colindante con el Distrito Federal, lo que provocó que los propietarios de vehículos los registraran en Cuernavaca y no en el Distrito Federal, que sostenía tarifas más altas.

En 2017, el Lic. Raúl Cervantes Andrade -entonces Procurador General de la República- tenía registrado un automóvil Ferrari 458 en una vivienda desocupada de Xochitepec, en el estado de Morelos, que había eliminado el impuesto de tenencia.

Su representante explicó que el asunto se debía a un error administrativo y no a una maniobra para obtener un beneficio fiscal. Ajá…

Muchas entidades decidieron eliminar esta carga ya que existía un derecho con diferente denominación y cuota en cada estado. (“Control /Refrendo vehicular”, “Revista vehicular”, “Calcomanía fiscal vehicular”, “Revalidación Vehicular” o “Refrendo Canje de Placas”)

Otras, como la Ciudad de México o el estado de México, mantuvieron el impuesto con un subsidio a los autos con valor menor a 550 mil pesos.

Algunos economistas destacados, como Gerardo Esquivel (subgobernador del Banco de México en 2019 – 2022), han propuesto la reactivación de este impuesto argumentando que, en su opinión, este sería uno de los más nobles del sistema fiscal mexicano, al:

1. Ser de fácil cobro;
2. De escasa evasión;
3. Tener un efecto positivo para la movilidad y el medio ambiente; y
4. Ser de naturaleza progresiva, ya que entre mayor sea el valor del auto, más alto es el impuesto a pagar.

Argumentan, asimismo, que esta progresividad atendería a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al relacionar el impuesto con la riqueza, ya que refleja -en cierta medida- la capacidad económica del contribuyente.

Al existir nuevamente el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, se sumaría a:

1. El impuesto sobre automóviles nuevos;
2. Impuesto al valor agregado; e
3. Impuesto especial sobre producción y servicios que los usuarios consumidores pagan en el precio de la gasolina.

Establecer una carga más como lo propone el Lic. Esquivel, sería una medida altamente impopular y excesiva para los usuarios de vehículos que además de lo anterior, ya pagaron impuesto sobre la renta por los ingresos recibidos con los que adquieren los vehículos, con un límite ridículo para su deducción.

Artículo elaborado por el C.P.C. Eduardo Herrera González integrante de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A. C., representa su opinión.