Proponen reforma para modernizar impugnaciones en elección del PJ

La iniciativa fue sometida a consideración de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión en la comisión correspondiente.
La propuesta destaca la necesidad de cerrar la brecha histórica entre las autoridades judiciales y la ciudadanía. Según los proponentes, el Poder Judicial se ha mantenido alejado de los principios democráticos bajo el pretexto de la alta especialización de su función. Esta desconexión ha generado un estancamiento que, a su vez, ha afectado la eficacia y eficiencia en la impartición de justicia, creando una percepción de privilegio y falta de transparencia en sus procesos.

La iniciativa se fundamenta en la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada el pasado 5 de febrero de 2024, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre del mismo año. A través de diversos foros, se discutieron las propuestas para transformar el Poder Judicial, con la participación de expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.

La reforma constitucional fue finalmente aprobada por ambas cámaras y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. El Congreso tiene ahora el mandato de emitir reformas a la legislación secundaria para llevar a cabo la elección extraordinaria de los cargos del Poder Judicial, en línea con lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio del Decreto.

La propuesta busca garantizar la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental que asegura el acceso a la justicia mediante procedimientos imparciales y justos. Entre los puntos clave de la iniciativa se incluye el fortalecimiento de la independencia y la imparcialidad de los jueces, así como la certeza de que las resoluciones judiciales se fundamenten en el derecho y se cumplan en tiempo y forma.

Con base en el artículo 71, fracción I, de la Constitución, la reforma pretende asegurar que las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de cargos en el Poder Judicial cuenten con recursos jurisdiccionales efectivos, fortaleciendo así el principio de legalidad y certeza jurídica en los procesos electorales.