Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, un total de 1,650 migrantes mexicanos fueron deportados al interior su país en 14 vuelos de expulsión organizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De estos, 1,308 fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridd comenzó a enviar a los migrantes ilegales a las regiones más al sur de México, cercanas a la frontera con Guatemala, como parte de una estrategia para hacer más difícil su regreso a la frontera y disuadir futuros intentos de cruce ilegal.
La administración Trump ha declarado que cualquier cruce ilegal será enfrentado con una “deportación inmediata y permanente”, asegurando que aquellos que intenten cruzar sin documentos enfrentarán consecuencias definitivas.
El objetivo del gobierno es utilizar todos los recursos federales y asociaciones estatales disponibles, incluyendo el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, para garantizar que los migrantes ilegales sean arrestados, procesados cuando sea necesario y deportados lejos de la región fronteriza.