PRI contra Ley de Desaparición; vulnera privacidad: Alex Domínguez

Durante el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el diputado federal y dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, afirmó que "vivimos una crisis en donde el dolor crece en las familias de los desaparecidos, y el oficialismo guarda silencio".

El legislador advirtió que la propuesta de Morena no garantiza el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño ni las garantías de no repetición, elementos esenciales para combatir la desaparición forzada.

“El oficialismo pretende apropiarse de los datos personales de los ciudadanos bajo el pretexto de la seguridad”, señaló Domínguez. Asimismo, indicó que la iniciativa busca convertir la CURP biométrica en un documento de identidad obligatorio y universal, mientras obliga a hospitales, empresas y personas físicas a entregar datos sensibles sin control judicial.

El PRI también denunció que la propuesta carece de presupuesto para fortalecer a las fiscalías, policías y comisiones de búsqueda, ignorando las exigencias de los colectivos de familiares que solicitan una armonización legal acorde con estándares internacionales y mayor coordinación entre niveles de gobierno.

“MORENA está usando el dolor de las víctimas para justificar un Estado vigilante y controlador. No les interesa resolver el problema de fondo, solo consolidar un sistema de control sobre la ciudadanía”, añadió el dirigente priista.

En contraste, Domínguez destacó que el PRI promueve una legislación verdaderamente efectiva para prevenir y erradicar la desaparición de personas. Entre sus propuestas se incluyen:

• Reconocer el derecho humano a la búsqueda y a buscar.

• Garantizar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y facilitar la declaración de ausencia.

• Elevar a rango constitucional a la Comisión Nacional de Búsqueda.

• Crear los delitos de reclutamiento forzado y administración de centros de reclutamiento.

El dirigente priista puntualizó que Morena rechazó llevar estas propuestas a un parlamento abierto, limitando así el debate público y la participación de la sociedad civil.