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Falta regulación en hospedaje casero; hay más de 927 mil

Imagen ilustrativa

La gran cantidad de unidades de hospedaje casero, como las que ofrece Airbnb y otras plataformas, suelen carecer de marco regulatorio, poniendo en riesgo a turistas, advierte estudio de Sustainable Tourism Advanced Research Center (Starc)

Por: Redacción 13 Marzo 2026 06 41

El estudio "Rentas Vacacionales en México: Un Terreno Competitivo Disparejo", elaborado por Starc de la Universidad Anáhuac Cancún contabiliza alrededor de 927 mil 500 unidades registradas como propiedades de hospedaje temporal en México.

Estas equivalen al 43.5% de los cuartos de hotel formalmente registrados en el territorio nacional y acumulados en más de un siglo.

Reveló que en 2025 se vendieron más de 5 mil millones de dólares en alojamiento a través de estas plataformas en México, donde se contabilizaron 21 mil 25 propietarios que poseen dos o más unidades en esta modalidad.

Francisco Madrid, director del Starc, advierte que entre los principales riesgos es que no hay certeza sobre el estado que guardan las unidades ni sus instalaciones.

Asimismo, señaló que la mayoría no registra formalmente quiénes se hospedan en ellos, lo que puede resultar peligroso para los propios usuarios de las unidades y los vecinos de las mismas.

Por su parte, Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), exhortó a que estas unidades de alojamiento temporal sean reguladas como establecimientos mercantiles y como prestadores de servicios turísticos, de tal forma que también enfrenten responsabilidades, como un hotel.

"Quienes usan el servicio de alojamiento proporcionado por los propietarios de las unidades y las autodenominadas plataformas de reservaciones son los turistas y, por ende, conforme al artículo tercero de la Ley General de Turismo, son prestadores de servicios turísticos", insistió.

También puntualizó que los efectos van más allá de la competencia desleal, como el encarecimiento de la vivienda para residentes locales, violaciones al uso de suelo, conflictos vecinales y riesgos documentados de seguridad para turistas y comunidades.


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