Apelará Movimiento Ciudadano sentencia por demolición en Punta Oriente

La resolución responsabiliza al hoy diputado federal emecista Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya, en aquel entonces candidato a la gubernatura de Chihuahua, y al regidor morenista Miguel Riggs Baeza, contendiente por la alcaldía, por destruir el domicilio durante la noche del 3 de mayo de 2021, bajo el argumento de que se trataba de un punto de consumo de drogas. 

De acuerdo con declaraciones de Lozoya, la demolición simbolizaba el compromiso de que en su administración como titular del Poder Ejecutivo Estatal —cargo que obtuvo por mayoría de votos la gobernadora Maru Campos Galván— no permitirá que ningún delincuente indujera a las niñas, niños y jóvenes en el consumo de sustancias ilícitas. 

El Juzgado Quinto de lo Civil determinó que Movimiento Ciudadano y Riggs Baeza deberán restituir el daño ocasionado a la familia propietaria de la casa en Punta Oriente: otorgar un inmueble similar en valor comercial y características, incluidos los enseres y servicios básicos para el desarrollo de actividades de la parte afectada. 

Entrevistado por medios de comunicación, Sanchez Villegas tildó la resolución como apresurada, sin sustento e irregular. Porque —dijo— el propietario auténtico del domicilio autorizó la demolición al constatar que era utilizado como sitio de encuentro para la drogadicción. 

«¿En qué país donde las leyes se respeten si un propietario de un inmueble te otorga un poder para realizar una demolición y lo demueles te genera una responsabilidad? Eso es completamente absurdo», cuestionó. 

Puntualizó además que el juez emitió la resolución fuera de plazo, en el período de suspensión de plazos y términos procesales que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ordenó del 27 de agosto al 2 de septiembre, con motivo de desarrollar el proceso de entrega-recepción de los 301 personas juzgadoras que integran el nuevo sistema de impartición de justicia. 

Adelantó: «Va a ser derrotada en segunda instancia, te lo anticipo, y además vamos a activar mecanismos legales para la responsabilidad legal en la que pudo haber incurrido el juez, no solamente por emitir la resolución, sino por darle un tratamiento inadecuado a la información que ahí se está generando porque sabemos quién está filtrando esta información».