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Oficial: Nombra TSJE a los integrantes de la Alta Sala

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua aprobó este martes, con 29 votos a favor y una abstención, el nombramiento de Eduardo Zacarías Gómez BustamanteLuisa Fernanda Márquez Picard y Karla Esmeralda Reyes Orozco como integrantes del Órgano de Administración Judicial, conocido popularmente como la Alta Sala.

Por: Redacción 02 Septiembre 2025 20 02

Durante la sesión, la presidenta del Tribunal, Marcela Herrera, destacó que a partir de mañana los nuevos integrantes comenzarán a ejercer como magistrados y subrayó que se eligieron los mejores perfiles para fortalecer la estructura administrativa del Poder Judicial.

¿Qué es la Alta Sala?

La Alta Sala es el órgano de administración judicial que tendrá el control del presupuesto, así como de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Bajo su mando estarán las siguientes dependencias:

  • Dirección General de Administración

  • Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ)

  • Instituto de Defensoría Pública (IDP)

  • Fondo Auxiliar de Justicia

  • Unidad de Peritos Judiciales (renovada)

  • Dirección de Archivos

  • Centro de Traductores e Intérpretes

  • Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos

Un aspecto clave es que los cinco integrantes de la Alta Sala gozarán de fuero constitucional, siendo los únicos servidores públicos del Poder Judicial con esta protección sin ser electos en las urnas. Dicha prerrogativa se establece en el artículo 179 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y solo puede retirarse mediante juicio político.

¿Qué poderes tendrá la Alta Sala?

La Alta Sala asumirá un papel central en la vida institucional del Poder Judicial, con atribuciones que abarcan tanto la gestión presupuestal como la regulación interna:

  • Presupuesto y finanzas: Control y ejercicio del Presupuesto de Egresos y del Fondo Auxiliar. Elaborará el anteproyecto presupuestal y presentará informes financieros trimestrales y anuales.

  • Recursos humanos: Nombrar y remover personal de órganos y áreas auxiliares (excepto jueces y magistrados), así como regular ingresos, capacitación, ascensos, promociones y remociones.

  • Gestión administrativa: Dirigir y supervisar funciones de los tribunales a través de las direcciones de gestión judicial.

  • Planeación judicial: Determinar el número de órganos jurisdiccionales conforme a la carga de trabajo.

  • Bienes y patrimonio: Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial.

  • Normatividad: Emitir y modificar reglamentos, acuerdos generales, lineamientos y criterios para la organización, modernización, digitalización y uso de tecnologías.

  • Transparencia: Promover la rendición de cuentas y garantizar el acceso a la información pública, protegiendo datos personales.

  • Supervisión: Vigilar el funcionamiento de órganos desconcentrados y áreas auxiliares.

  • Convenios y cooperación: Aprobar acuerdos con instituciones públicas o privadas para mejorar la administración de justicia.

  • Erogaciones urgentes: Autorizar gastos extraordinarios necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial.

  • Ingresos adicionales: Establecer mecanismos de recuperación por servicios administrativos.

Los integrantes de la Alta Sala durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección o extensión de mandato.

Debate en el Pleno

La votación no estuvo exenta de diferencias. Los magistrados Yamil Athie, Angélica Mendoza e Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez manifestaron públicamente su inconformidad por la falta de notificación formal respecto a la propuesta de los tres integrantes.

  • Angélica Mendoza decidió abstenerse, señalando que el procedimiento no fue transparente.

  • Athie y Villanueva, aunque expresaron críticas, votaron a favor como un gesto de confianza hacia la presidenta Herrera.

Otros magistrados hicieron posicionamientos más definidos:

  • Rubén Aguilar advirtió que la Alta Sala “no está por encima de los magistrados” y recordó que la responsabilidad esencial de aplicar la ley recae en los juzgadores.

  • Mariela Salvador respaldó los nombramientos al considerar que los perfiles seleccionados “conocen de fondo al Poder Judicial y serán de beneficio para la ciudadanía”.

  • Andrés Pérez Howlet celebró el proceso y lo calificó como un ejercicio de apertura hacia la sociedad: “La ciudadanía puede estar tranquila, este pleno analizará cada detalle”.

  • Lupita Sandoval expresó entusiasmo por la decisión colectiva y resaltó que las diferencias internas fortalecen al órgano judicial.

Los perfiles de la Alta Sala

Karla Esmeralda Reyes Orozco

  • Licenciada en Derecho por la UACH.

  • Maestra en Derecho Comparativo y Empresarial por el ITESM.

  • Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Campus Chihuahua.

  • Se desempeñaba como magistrada de la Primera Sala Familiar del TSJ y fue aspirante a Fiscal Anticorrupción.

Luisa Fernanda Márquez Picard

  • Licenciada en Derecho por el ITESM Campus Chihuahua.

  • Ha ocupado cargos judiciales durante 22 años.

  • Fue encargada del Despacho de la Comisión de Disciplina y secretaria técnica del Consejo de la Judicatura.

  • Candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Eduardo Zacarías Gómez Bustamante

  • Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Chihuahua.

  • Maestro en Derecho Judicial Civil y Mercantil.

  • Doctor en Derecho Judicial por el Inforaj.

  • Con más de 17 años de experiencia en el Poder Judicial, diez de ellos como juez civil, fue candidato a magistrado en materia civil.

Con la conformación de la Alta Sala, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua establece un órgano con amplias facultades de gestión, control presupuestal y supervisión administrativa. Aunque el nombramiento de sus integrantes generó debate dentro del Pleno, la mayoría respaldó la propuesta de la presidenta Marcela Herrera.

A partir de mañana, los tres nuevos magistrados se sumarán a esta instancia que, con fuero constitucional y atribuciones estratégicas, se perfila como un pilar en la modernización y fortalecimiento del sistema de justicia estatal.


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