María Jazmín Ambriz López, la jueza que resolverá el caso de Duarte

La jueza fue electa en el cargo durante las elecciones del pasado 1 de junio de 2025, como parte del proceso de elección popular de jueces y magistrados implementado en México.

Ambriz López, de 39 años, cuenta con 16 años de experiencia en el sistema judicial mexicano y actualmente cursa el tercer semestre del Doctorado en Ciencias Penales en la Escuela Jurídica y Forense.

La juzgadora es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, con cédula profesional número 7773961. Cursó la Maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio en la Escuela Jurídica Forense del Sureste entre 2014 y 2016.

Su formación incluye el Curso de Formación para Notificador Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México, realizado entre mayo y agosto de 2016, así como el Curso para Actuarios del Poder Judicial de la Federación en modalidad virtual.

Entre 2021 y 2022, realizó la Especialidad en Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, y posteriormente completó el Curso de Formación para Aspirantes al Cargo de Juez en Materia Penal en octubre de 2022.

Adicionalmente, cuenta con formación especializada en temas como beneficios preliberacionales, nociones generales de derecho y un curso de actualización en materia de trata de personas.

Experiencia profesional

Ambriz López inició su carrera judicial como secretaria de acuerdos en el Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Posteriormente se desempeñó como jefa de causa en el Juzgado de Control y Juicios Orales de Nezahualcóyotl.

Antes de asumir su cargo actual, fungió como secretaria proyectista en el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Texcoco, Estado de México.

La jueza es quien determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Duarte por el delito de lavado de dinero, acusación presentada por la Fiscalía General de la República tras la detención del exmandatario en Chihuahua capital.

El caso ha generado controversia debido a que la defensa argumenta que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos prohíbe juzgar al exgobernador por delitos distintos a aquellos por los que fue extraditado, que fueron peculado y asociación delictuosa.