Turnan a comisión la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua

Por esta reforma a la Constitución Federal, que impulsaron Andrés Manuel López Obrador en su último año de mandato y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus inicios, México sometió a elección popular a jueces, magistrados y ministros de los Poderes Judiciales.

La modificación de Ley dio lugar además a la extinción del Consejo de la Judicatura Federal y a su sustitución con el nuevo Órgano de Administración, que asume sus funciones administrativas. Además creó el Tribunal de Disciplina Judicial, que revisará la actuación de las personas juzgadoras. 

La oposición en el Estado de Chihuahua no avaló el contenido de la reforma al Poder Judicial enviada a los Congresos de cada entidad federativa en el mismo mes. De esta forma, el dictamen fue armonizado en la Constitución local hasta el 18 de diciembre, en los Artículos 106, 107, 108, 109 y 110. 

En el apartado de exposición de motivos, el diputado local Alfredo Chávez Madrid, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), advierte que «resulta necesario adecuar la Ley que regule las bases constitucionales del Poder Judicial, su objeto, atribuciones, competencias, incorporación de los nuevos órganos, redistribución de funciones [y] asignación de los órganos auxiliares».

Esta Ley Orgánica pretende construir un sistema equilibrado que garantice la plena autonomía funcional de los órganos que integran al Poder Judicial, sin renunciar a los principios de coordinación institucional, control interno y eficiencia administrativa. 

En su contenido busca asegurar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial como conjunto institucional; la rectoría del Tribunal Superior de Justicia no en modo de subordinación jerárquica, sino de coordinación institucional; y la inalteración de los Distritos Judiciales.

Establece también que la función judicial deberá apegarse a los principios de «independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, respeto a los derechos humanos, excelencia, profesionalismo, honestidad, diligencia, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia, máxima publicidad, seguridad de la información, protección de datos personales y perspectiva de género. 

Una vez aprobada en comisiones, la iniciativa será sometida a consideración del Pleno durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones, que iniciará este 1 de septiembre. En caso de recibir la mayoría de votos, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.