Juicio por masacre: FGR frenada por testigos ilocalizables

 Durante la decimosegunda jornada del juicio oral 8/2023, la representación social informó que no contaba con más comparecientes listos para declarar, por lo que dejó en manos del Tribunal la decisión sobre el rumbo que debía seguir el proceso.

Ante la falta de comparecientes, la jueza federal Victoria Alejandra Espinoza Alaniz preguntó de manera directa a los fiscales Ángel Armando Hernández Toribio y Frida María Cruz Salinas si se desistían formalmente de los testigos contemplados en el auto de apertura a juicio oral, lo que permitiría dar paso inmediato a la etapa de pruebas de la defensa.

El cuestionamiento tomó por sorpresa al Ministerio Público Federal, cuyos representantes solicitaron un receso de 15 minutos para comunicarse con las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México y consultar si debían abandonar dichos testimonios.

Concluido el receso, el fiscal Hernández Toribio indicó que aún no habían obtenido una respuesta definitiva por parte de sus superiores, motivo por el cual solicitó un nuevo diferimiento para reanudar la audiencia.

La petición contempla reanudar el debate el próximo viernes, fecha en la que la institución fiscal fijará una postura oficial y final sobre los comparecientes faltantes.

La solicitud fue aceptada sin objeciones por las defensas de Juan Carlos V. y Jorge Antonio C. B., acusados del delito de terrorismo. En consecuencia, la juzgadora concedió la suspensión y exhortó a ambas partes a acudir preparadas para la continuación del proceso.

La jueza advirtió que, en caso de que la Fiscalía formalice su desistimiento de los 48 testigos restantes, el juicio avanzará de inmediato hacia la etapa probatoria de la defensa, por lo que los abogados de los imputados deberán estar listos para presentar sus propios medios de prueba.

El juicio dio inicio el pasado 15 de julio con una lista inicial de 132 testigos ofrecidos por la parte acusadora. Hasta la fecha han comparecido 84 personas en su mayoría servidores públicos y personal de corporaciones de seguridad e investigación, mientras que los 48 restantes se mantienen ilocalizables, una situación que ha propiciado suspensiones consecutivas en el desarrollo del proceso judicial.