Exige Coparmex legalidad de las instituciones por caso Maru-Rocha
Seis centros empresariales afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua exigieron este viernes que las instituciones del Estado mexicano actúen con apego al debido proceso y con criterios homogéneos e imparciales ante los casos que involucran a la gobernadora Maru Campos y al mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Por: Redacción 29 Mayo 2026 10 32
El pronunciamiento fue firmado por los Centros Empresariales de Chihuahua, Ciudad Delicias, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes, que advirtieron que el tratamiento jurídico y gubernamental en ambos casos ha generado cuestionamientos sobre la consistencia con que se ejerce la autoridad del Estado.
"El principio de legalidad exige que todas las autoridades actúen bajo los mismos criterios, sin distinción de filiaciones políticas o posiciones de gobierno", señala el documento.
Los organismos empresariales reconocieron que los casos de Chihuahua y Sinaloa responden a contextos distintos, pero subrayaron la necesidad de evitar interpretaciones políticas que desvíen la atención de los retos prioritarios del país en materia de seguridad, inversión y fortalecimiento institucional.
En el posicionamiento también se advierte sobre el impacto económico que puede generar cualquier percepción de actuación diferenciada por parte de las instituciones, particularmente en un contexto de bajo crecimiento y de necesidad urgente de generación de empleo formal. Los firmantes mencionan además la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026 como factor que exige condiciones de estabilidad normativa.
Coparmex Chihuahua defendió el federalismo como pilar del Estado constitucional mexicano y sostuvo que su debilitamiento o aplicación desigual afecta la certeza jurídica, la confianza institucional y las condiciones para la inversión y el desarrollo económico.
El documento concluye con una exigencia a las autoridades competentes de actuar con transparencia, congruencia y rigor institucional, garantizando que toda actuación se mantenga dentro del marco de la legalidad y libre de cualquier interpretación de carácter político o partidista.
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