Estas son las agravantes de la extorsión, anuncia Ernestina Godoy
El Gobierno de México informó que el delito de extorsión se perseguirá de oficio y contará con nuevas agravantes que elevarán las penas hasta 15 años de prisión, de acuerdo con la reforma al artículo 73 constitucional, publicada el 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, explicó Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
Por: Redacción 17 Octubre 2025 08 47
Durante su participación, Godoy detalló que la reforma permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, con un tipo penal uniforme en todo el país, y que las autoridades puedan actuar sin necesidad de una denuncia previa.
“La extorsión se perseguirá de oficio y las sanciones se determinarán conforme a una serie de agravantes que ya están previstas en la iniciativa”, precisó.
Agravantes principales
Las penas aumentarán cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:
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Si el delito se comete mediante cobro de piso.
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Cuando las víctimas sean personas migrantes o menores de edad.
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Si participan servidores públicos en la comisión del delito.
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Cuando la extorsión se realice desde un centro penitenciario.
La funcionaria explicó que la iniciativa fue elaborada por una mesa técnica interinstitucional y busca homologar la tipificación del delito en todas las entidades federativas, de modo que la persecución y sanción no dependan de la voluntad de las víctimas.
Además, contempla reformas a diversos ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, para que la extorsión sea susceptible de extinción de bienes.
Godoy indicó que la estrategia nacional contra la extorsión, vinculada al número 089 de denuncia ciudadana, será elevada a rango de ley, como parte de la política de seguridad del gobierno federal orientada a “combatir y frenar el avance de este fenómeno delictivo”.
Finalmente, subrayó que la reforma consolida el objetivo estratégico de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum: garantizar la paz pública y fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia con pleno respeto a los derechos humanos.
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