Elevarían a rango de Ley el servicio médico de Pensiones, señala Olson
La Comisión Especial en el Congreso de Chihuahua busca elevar a rango de Ley el servicio médico que presta Pensiones Civiles del Estado, en sustitución del Reglamento actual, según señaló el diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN).
Por: Rubén Eduardo Silva Lara 16 Octubre 2025 10 18
Entrevistado por medios de comunicación, el legislador aclaró que Pensiones Civiles ofrece dos servicios. En primera instancia, el sistema que garantiza el derecho a la jubilación y a la pensión de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. Un sistema contemplado en la Ley de Pensiones Civiles.
La atención a la salud, por otra parte, se contempla en el Reglamento de Servicios Médicos. Esto —señaló el legislador— ha derivado en la molestia de los derechohabientes, pues ha dado lugar a que distintos organismos públicos no notificaran las aportaciones.
«Muchas administraciones anteriores no enteraban el dinero: la Universidad Autónoma de Chihuahua, el propio Gobierno del Estado no enteraba el dinero a Pensiones. ¿Y qué pasaba? Venía la cuenta pública, se aprobaba aquí en el Congreso y borrón. Pero la deuda seguía incrementándose», mencionó.
En tal sentido, remarcó la importancia de la iniciativa que promovió el Grupo Parlamentario de Morena, que busca adicionar un Capítulo Quinto a la Ley de Pensiones Civiles para establecer sanciones a los funcionarios o trabajadores facultados que no notifiquen o paguen las cuotas.
La propuesta establece de 3 a 2 años de prisión a quien genere una afectación que no exceda 48 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, menor a $2 mil 430 pesos; de 2 a 5 años cuando el monto ronde entre 48 y 70 veces el valor diario de la UMA, que equivalen a un mínimo de 2 mil 430 pesos y un máximo de 7 mil 919; y de 5 a 9 años cuando rebase esta última cantidad. La pena máxima aumentará en una mitad cuando el delito sea calificado.
Contempla además idénticas sanciones en contra de quien proporcione datos falsos para obtener del organismo público la devolución de cuotas que no le correspondan, o cuando simule uno o más contratos para obtener un beneficio. E impone de 3 meses a 3 años a los patrones o representantes o sujetos obligados que oculten, alteren o destruyan parcial o totalmente los sistemas y registros contables o cualquier otro medio.
Al respecto, Olson refirió: «Hay que ver éste tema y hay que ver la conveniencia de ya elevar a rango de Ley el tema del servicio a la salud. Y creo que también hay que revisar la Ley Orgánica, porque tampoco están claras las funciones y las responsabilidades de quien maneja los recursos».
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