Diputados aprueban reforma contra funcionarios que cometan acoso

En representación de la Comisión de Justicia, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, del Partido del Trabajo (PT), sometió a consideración del Pleno la iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, que busca abonar a la cultura de cero tolerancia frente a la violencia de género. 

La propuesta plantea incorporar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas conductas específicas como intimidación, humillación, amenazas, abuso físico y actos lascivos sin consentimiento, tanto en el ámbito laboral, como en el contexto jerárquicos de relaciones laborales. 

«Es sorprendente que éstas figuras no se encuentren contempladas en la Ley general de Responsabilidades Administrativas, ya que éstas si están previstas en otras leyes de carácter general, tratados y convenciones internacionales. No obstante, la violencia laboral, el acoso sexual, el hostigamiento sexual y el abuso sexual que se ejerce por parte de personas servidores públicas, desgraciadamente, es algo que no se ha logrado erradicar», señaló la bancada del PAN. 

Porque —advierte Acción Nacional— el acoso laboral ha sido recurrente en todo el país. Según el informe «Acoso, violencia y hostigamiento laboral» que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sólo en 2017 alrededor de 18 mil personas renunciaron a sus empleos luego de ser víctimas de acoso laboral. 

Por otra parte, datos del «Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres», a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 21.9% de las mujeres asalariadas a nivel nacional han reportado ser objeto de alguna situación de discriminación, que abarca desde acoso, violencia y hostigamiento. 

«El beneficio principal de esta reforma será garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos, creando un ambiente laboral más saludable, libre de violencia y discriminación. También fomentaría la responsabilidad y la rendición de cuentas dentro del gobierno, estableciendo consecuencias claras para aquellos que incurran en comportamientos abusivos», expuso el PAN.