Fijan reunión de productores y legisladores federales por Ley de Aguas

Luego de organizar una manifestación pacífica afuera del Congreso del Estado, una decena de trabajadores ingresó al Edificio Legislativo y solicitó la atención de los seis Grupos Parlamentarios, que se encontraban en plena sesión ordinaria. Los diputados declararon un receso y se reunieron con la comitiva en el Mezzanine. 

Desde ahí, los manifestantes exigieron a las bancadas la comparecencia de sus homólogos chihuahuenses en el Congreso de la Unión el siguiente jueves 20 de noviembre, en punto de las 6 de la tarde, para revisar a profundidad el contenido de la Ley de Aguas Nacionales, que, según advierten, centraliza la toma de decisiones en materia hídrica. 

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador Alfredo Chávez Madrid confirmó la asistencia de las diputadas federales Rocío González Alonso y María Angélica Granados Trespalacios, así como del senador Mario Vázquez Robles. 

«La nueva Ley es injusta. No lo vamos a permitir», pronunció Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, dio a conocer que participarán los diputados federales Alejandro Domínguez, Antonio Meléndez Ortega, Noel Chávez Velázquez, Graciela Ortiz González y Paloma Domínguez Ugarte. 

De Movimiento Ciudadano —de acuerdo a como asegurara Francisco Sánchez Villegas, dirigente de la fuerza política— acudirán a Chihuahua el diputado federal Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya Santillán, excandidato a la gubernatura en las elecciones de 2021. 

En nombre de la bancada de Morena, que coordina, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo dio a conocer que extendió la invitación a los diputados federales y senadores del partido, al mismo tiempo que declaró su apertura para escuchar los argumentos en contra de la legislación. 

Aunque el diputado Óscar Avitia Arellanes solicitó la conformación de una mesa regional posterior a la reunión entre productores y legisladores, uno de los presentes advirtió que el sector agropecuario se encuentran «con la pistola en la cabeza», en el sentido de que se espera la aprobación de la Ley a más tardar diciembre del siguiente año. 

Entre los puntos que los inconformes han señalado figuran el prohibir la transmisión de derechos sobre las concesiones de agua otorgadas por el Estado Mexicano y la falta de un reglamento, un hecho que perciben como un factor de riesgo para que el Gobierno de México obre según su arbitrio.