Pidió Julio Iglesias archivo de denuncias de exempleadas🎦

En un escrito remitido a la Fiscalía por su abogado, José Antonio Choclán, se pide que dicha instancia “declare, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados”, y que se proceda al archivo inmediato de las diligencias de investigación preprocesal, además de solicitar que se detenga lo que calificó como una “campaña mediática” que, señaló, ha causado un grave daño reputacional al cantante, de 82 años de edad.

La denuncia fue presentada en España el 5 de enero por dos mujeres que trabajaron como empleadas del intérprete, quienes aseguran haber sido víctimas de vejaciones, acoso sexual y abusos de poder, señalando que las presuntas agresiones ocurrieron en 2021, en propiedades del artista ubicadas en la República Dominicana y en las Bahamas, de acuerdo con investigaciones periodísticas difundidas por Univision y el medio español elDiario.es. Una de las denunciantes también relató ante medios de comunicación presuntas penetraciones no consentidas.

La defensa de Julio Iglesias sostiene que los presuntos delitos “deben perseguirse en el lugar de su comisión” y que únicamente, en caso de no ser posible, podrían ser eventualmente investigados en España. Además, subraya que las denunciantes no son españolas ni residen habitualmente en el país, por lo que, afirma, no corresponde que la Fiscalía española asuma competencia sobre el caso.

“No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un fiscal universal, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la jurisdicción que le resulte más conveniente”, señala el escrito del abogado.

Por su parte, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que respaldan a las denunciantes, indicaron que la denuncia fue presentada en España debido a que la legislación española puede resultar más favorable para la investigación de este tipo de delitos. Las asociaciones informaron que las dos mujeres deberán ser escuchadas próximamente por la justicia española y que se les concedió el estatus de testigos protegidos.