Posverdad

Quien sigue metiéndole luz a una de las vialidades que durante años fue sinónimo de oscuridad en Ciudad Juárez es Abraham Espitia, pues ya arrancó la segunda etapa de iluminación del Camino Real.

El director de Alumbrado Público ya avanzó con 315 luminarias a lo largo de 7.2 kilómetros, y ahora trabajan en otros 8.2 kilómetros, donde instalarán 380 luminarias adicionales.

Y el proyecto todavía tiene otro jalón.

Espitia adelantó que la intención es cerrar el año con una tercera etapa, para alcanzar en total 23.3 kilómetros iluminados, desde Anapra hasta la glorieta del Eje Vial.

El Camino Real ha sido durante años uno de los puntos complicados para las administraciones municipales, no solamente por su extensión, sino por los problemas de iluminación y la percepción de inseguridad que genera transitarlo durante la noche.

Por eso el proyecto tiene también su lectura política.

Con Héctor Ortiz Orpinel al frente de la Presidencia Municipal y Cruz Pérez Cuéllar de licencia, Abraham Espitia tiene la encomienda de mantener caminando uno de los proyectos visibles de la administración y demostrar que el cambio de alcalde no frenó las obras.

Además, Alumbrado Público es de esas dependencias donde el resultado no necesita demasiado discurso: o prende o no prende.

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Quien tiene números para sacar pecho en materia de fiscalización es Héctor Acosta Félix, pues la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua alcanzó la tasa de sanción más alta del país en los casos de corrupción que llegan a procedimiento.

El data es Chihuahua registra una efectividad cercana al 48 por ciento, frente a un promedio nacional de apenas 7 por ciento y una eficacia de 0.10 por ciento atribuida a la Auditoría Superior de la Federación.

Los datos, los reveló Transparencia Mexicana que compara a las 32 auditorías estatales y a la ASF. Chihuahua aparece en segundo lugar nacional por número de sentencias y primero en eficiencia para convertir los asuntos detectados en sanciones.

Y la comparación que hizo el auditor estuvo pesada.

Según Acosta Félix, 17 auditorías estatales no han conseguido una sola sanción durante los siete años de vigencia de la Ley General de Responsabilidades, mientras que 24 entidades fiscalizadoras acumulan entre cero y cinco.

Para Héctor Acosta, el secreto no está en que Chihuahua tenga necesariamente más irregularidades que otros estados, sino en no soltar los expedientes después de hacer la observación y acompañarlos hasta que exista una resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Pero quizá el dato políticamente más interesante es hacia dónde han apuntado las sanciones.

Fue contra a servidores públicos provenientes de administraciones del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y PT, argumento con el que busca blindar a la ASE frente a cualquier señalamiento de utilizar la fiscalización como garrote político.

Y ahora también van sobre empresarios.

Aquí hay que estar al pendiente de la lista.