Posverdad

Donde la reunión estuvo más intensa de lo que reflejó el comunicado oficial fue en la Torre Centinela, durante el encuentro entre Gilberto Loya, nuevo encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, y los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.

Y es que una cosa es presentar un modelo de procuración de justicia y otra sentarse frente a empresarios que tienen preocupaciones muy concretas sobre las investigaciones de delitos cometidos dentro de sus establecimientos.

Ahí apareció Rogelio González Alcocer, presidente de la asociación, quien tuvo que hacerla de mediador para que la discusión no terminara raspando los muebles.

El punto delicado fue el manejo de los casos que ocurren dentro de hoteles y moteles, particularmente la difusión pública de los hechos y las consecuencias que pueden enfrentar los establecimientos cuando la Fiscalía interviene en una investigación.

Los hoteleros buscan que se eviten afectaciones innecesarias a sus negocios, tanto por la publicidad de los delitos como por posibles cierres de instalaciones. Sin embargo, eso abre una discusión importante: cómo proteger la actividad empresarial sin limitar las investigaciones ni el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Porque, desde luego, la Fiscalía tiene la obligación de investigar los delitos, independientemente del lugar donde se cometan.

En medio de esas preocupaciones, Loya presentó su Modelo Integral de Procuración y Seguridad, que contempla acciones contra la impunidad, anticorrupción, policía científica, inteligencia, atención a mujeres y justicia pronta.

También estuvo presente Jorge Arturo Muro de la Rosa, director general del C7-iA de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como parte del acercamiento entre las instituciones de seguridad y el sector hotelero.

Al final, Rogelio González Alcocer logró mantener abierto el diálogo y los participantes acordaron realizar una nueva reunión para dar seguimiento a los planteamientos.

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La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, llegó prácticamente corriendo a Palacio de Gobierno para reunirse con la gobernadora Maru Campos y poner sobre la mesa las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el 2027.

Y es que la carrera por los recursos del próximo año ya comenzó.

En la Secretaría de Hacienda, encabezada por José de Jesús Granillo, trabajan en la integración del Paquete Económico 2027, y Marcela Herrera acudió con la propuesta del Poder Judicial para buscar que sus proyectos tengan espacio en el presupuesto estatal.

La magistrada presidenta llegó después de una agenda de trabajo en Ciudad Juárez, donde sostuvo reuniones y recorrió el Distrito Judicial Bravos, una de las regiones donde existen necesidades de infraestructura para la impartición de justicia.

Precisamente, entre los proyectos que se mencionan está la posibilidad de conseguir recursos para mejorar los juzgados y las salas de magistrados en la frontera, siguiendo la ruta de inversión en infraestructura judicial que recientemente permitió inaugurar la Ciudad Judicial de Parral.

Pero el asunto no se limita a construir edificios.

También está sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica de los distritos judiciales, particularmente la conectividad a internet, indispensable para el funcionamiento de los sistemas y procedimientos que utilizan los tribunales.

Y ahí es donde comienza la negociación presupuestal.