Posverdad

En política, hasta un saludo puede ser una declaración. En El Paso, Texas, el alcalde Renard Johnson soltó un espontáneo “¡Amigo! ¿Cómo estás?” en español, seguido de un abrazo a Cruz Pérez Cuéllar, su homólogo juarense. No fue sólo cortesía diplomática: fue un guiño de confianza entre aliados fronterizos que comparten más que una línea internacional.

El gesto cobra especial relevancia porque ocurrió a las puertas de la primera reunión del Comité Directivo del Plan Estratégico de Cruces Fronterizos Internacionales, una mesa donde no sólo se discuten proyectos de infraestructura, sino también equilibrios políticos, flujos económicos y narrativas de poder regional.

Pérez Cuéllar no llegó solo, pero sí llegó con una ventaja: es el único actor político en esa mesa que ya está en la carrera por la gubernatura de Chihuahua, aun sin haberlo declarado oficialmente. Su presencia constante en foros binacionales, su cercanía con actores de ambos lados de la frontera y su discurso de cooperación lo colocan como una figura con credibilidad en asuntos de frontera. El abrazo de Johnson no sólo lo reconoce como interlocutor válido, sino como socio frecuente.

Mientras otros actores estatales apenas comienzan a mirar hacia el tema binacional con la lupa del 2027, Cruz ya está en territorio. Acude a El Paso no como visitante, sino como actor habitual. Y no sólo representa a Juárez: empieza a posicionarse como el chihuahuense más conocido al norte del río Bravo.

Este tipo de eventos —cargados de simbolismo pero también de logística dura— le permiten a Cruz Pérez Cuéllar proyectar lo que muchos electores buscan: capacidad de interlocución real con los Estados Unidos, en un contexto donde las decisiones comerciales, migratorias y de seguridad siguen marcándose desde Washington y Texas.

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El Instituto Estatal Electoral acaba de hacer algo más que un acto administrativo: corrigió la historia reciente del Poder Judicial de Chihuahua. 

Lo hizo por mandato del Tribunal Estatal Electoral, en cumplimiento de sentencias que ordenaron garantizar la paridad sustantiva. 

Las nuevas juezas de primera instancia que entran a los Distritos Judiciales Morelos y Bravos —entre ellas Diana Méndez, Sofía Martínez, Perla Pérez, Gloria Holguín y Karen de la Rosa— no lo hacen por cuota, ni por condescendencia, sino porque la ley les daba el lugar desde el principio. No se les estaba “abriendo espacio”, sino restituyendo el que les correspondía y que les fue negado en la primera vuelta.

Lo relevante es que el ajuste no se dio por iniciativa del IEE o del TSJ, sino porque hubo impugnaciones, argumentos jurídicos sólidos y un tribunal electoral que decidió entrarle de lleno al tema. 

No es menor: se trata del primer gran reacomodo de género tras una elección interna en el Poder Judicial, donde quedó evidenciado que las formas de siempre ya no bastan para encubrir la exclusión estructural.

El mensaje es doble: por un lado, para las instituciones que siguen viendo la paridad como un estorbo técnico; por otro, para las aspirantes que compiten sabiendo que el techo de cristal sigue bajando cuando se tocan intereses.

Lo que sigue será observar si estas nuevas juezas podrán ejercer su función sin hostigamiento institucional, sin “bienvenidas hostiles” en los juzgados.