Posverdad

Con una participación ciudadana raquítica y más dudas que certezas, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes —sin excepción— simpatizan abiertamente con la Cuarta Transformación. La escena es inédita: el nuevo rostro del Poder Judicial Federal se alinea por completo con el proyecto político de Palacio Nacional.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE repartió el sello de “oficial” a Hugo Aguilar Ortiz —virtual presidente de la Corte— junto a Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Azael Figueroa, Irene Herrerías, Irving Espinosa y Rodrigo Guerrero. El bloque entra en funciones el 1 de septiembre, pero la narrativa ya está instalada: fue una elección legal, pero no legítima.

Y es que hay datos difíciles de ignorar. Más de 800 casillas fueron anuladas por irregularidades que van desde paquetes robados hasta participación superior al 200% del listado nominal. Todo esto en un proceso que ya era señalado por el abstencionismo y el desinterés ciudadano por un modelo de elección inédito, impulsado sin consenso.

El consejero Arturo Castillo propuso no declarar la validez formal de la elección, aunque el INE terminó por entregar las constancias y dejar que sea el Tribunal Electoral —y eventualmente la misma Corte que acaba de ser electa— quien valide el proceso. Todo queda en casa.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei cerró filas en defensa del sistema. Dijo que anular 818 casillas no ponía en riesgo la limpieza del proceso si se compara con las 80 mil instaladas. Pero en política, como en derecho, las formas son fondo. Y la sombra que cubre esta elección no es técnica, sino política.

Porque más allá del papel y los sellos, la Corte que viene nació sin el respaldo real de los ciudadanos. 

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Luego de semanas de movimientos pendientes, vacantes sensibles y rumores de pasillo, finalmente el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo ajustes clave en su equipo. 

A días de que comenzaran a crecer las especulaciones, Palacio Municipal recupera el ritmo con una serie de nombramientos que reacomodan piezas importantes de la administración.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, confirmó que Óscar Guevara Ramírez, hasta ahora coordinador de Comercio Informal, fue designado como nuevo titular de la Dirección de Regulación Comercial, cargo que ocupó Arturo Urquidi hasta su fallecimiento. La decisión —que no fue improvisada— parece responder a una lógica de continuidad operativa: Guevara ya conocía la dinámica interna de la dependencia y era parte del equipo de Urquidi.

Mientras tanto, en otra área de peso, César Tapia Martínez dejó la Coordinación de Seguridad Vial para asumir la Dirección de Servicios Públicos Municipales, lugar que dejó Arturo Rivera Barreno el pasado 11 de junio. 

Jesús García Reyes, quien encabezaba Centros Comunitarios, fue promovido a la Coordinación de Seguridad Vial. Una pieza “joven” que se suma activamente al eje operativo del gobierno. ¿Quién tomará ahora la dirección de Centros Comunitarios? Eso está por verse, pero el movimiento deja claro que Cruz ya entró en fase de reconfiguración interna.

En medio de tensiones políticas, expedientes abiertos, la transición judicial en el estado y un entorno electoral que ya se cocina rumbo a 2027, el alcalde empieza a mover sus fichas. No solo para cerrar bien su administración, sino para que el proyecto de la 4T local no se oxide en los meses que vienen.