Reducen meta de Vivienda para el Bienestar; 2 mil beneficiados menos

El Gobierno Federal redujo de 133,531 a 131,455 personas la meta de atención de Vivienda para el Bienestar para 2026, al modificar las reglas del Programa de Vivienda Social de la Comisión Nacional de Vivienda.

El ajuste también disminuye en 507.96 millones de pesos los recursos programados para apoyos directos.

La modificación fue publicada este 3 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Contempla cambios en la descripción del subsidio, la referencia territorial para participar y la población migrante considerada prioritaria.

Para quienes buscan participar en Vivienda para el Bienestar, sin tener Infonavit, la Conavi sigue manteniendo las condiciones centrales: pagos que no superen el 30% del ingreso mensual familiar, ingresos del hogar de hasta cinco UMA mensuales y selección mediante sorteo cuando las solicitudes excedan las viviendas disponibles.

Reducción de metas

Frente a las reglas publicadas el 31 de diciembre de 2025, la nueva programación reduce en 800 personas la meta de acciones correspondientes a 2026 y en 1,276 la prevista para continuar o concluir edificaciones de ejercicios anteriores.

Estas cifras corresponden a metas nacionales de atención. El ajuste no identifica cuántos apoyos se reducirán en cada estado ni permite concluir, por sí solo, que se cancelarán viviendas ya asignadas.

Los montos promedio utilizados para calcular el presupuesto permanecen en 300 mil pesos por vivienda para las acciones de 2026 y 210 mil pesos para continuar o concluir edificaciones anteriores. Son referencias presupuestarias, no cantidades que se entregarán en efectivo a cada familia.

Qué cambia para quienes solicitan una vivienda

El nuevo texto precisa que Vivienda para el Bienestar opera mediante un subsidio en especie: la persona recibe una vivienda cuyo valor puede incluir una parte que deberá pagar y otra cubierta mediante subsidio federal.

La recuperación de una parte del costo ya estaba prevista en las reglas anteriores, por lo que esta precisión no significa que apenas ahora se comenzará a cobrar por las viviendas.

También cambia la referencia territorial del requisito de residencia: antes señalaba los “polígonos prioritarios de atención” y ahora establece las “zonas de intervención”. La participación seguirá vinculada a las zonas que determine la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); esta redacción no abre automáticamente el registro en todos los municipios.

Entre la población prioritaria, la versión anterior mencionaba a migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno. El nuevo texto conserva únicamente la referencia a migrantes mexicanos de retorno.

Se mantiene el límite de pago del 30%

Las aportaciones de las familias no deberán superar el 30% del ingreso mensual familiar reportado al solicitar su registro, durante el plazo acordado. La diferencia entre el costo total de la vivienda y el monto recuperable constituye el subsidio aplicable.

Además, permanecen el requisito de no ser propietario de una vivienda, su acreditación mediante certificado de no propiedad y el sorteo cuando haya más solicitantes elegibles que casas disponibles.

El programa tiene cobertura nacional, incluido Chihuahua, aunque el anexo no establece una asignación específica de viviendas o recursos para el estado.