Inhabilitan a empresas por mala fe y engaño en contratos federales

De acuerdo con comunicado de este 7 de julio, las empresas sancionadas son Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V., y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., las cuales no podrán participar, por sí mismas ni mediante intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación con el Gobierno de México.

Engaño

En el caso de Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por un año, luego de que la empresa proporcionó información falsa en una Licitación Pública Nacional  del 2024 para la contratación del “Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, para el Régimen Ordinario y Programa IMSS Bienestar”.

Según la autoridad, la empresa presentó tres contratos de compraventa con los que pretendía acreditar experiencia y especialidad requerida. La sanción fue notificada el 18 de junio de 2026.

Mala fe

Por otra parte, el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano sancionó a Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., con una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses, por actuar con "mala fe" en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025.

La licitación tenía como objetivo la adquisición de “Cascos de Protección para Motociclista”. La Secretaría informó que la empresa adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad. La notificación de la sanción se realizó el 29 de junio de 2026.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y ambas empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones públicas federales.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas fueron emitidas conforme a la ley, bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. También precisó que las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque la dependencia afirmó que defenderá las sanciones “con firmeza” por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, sostuvo la dependencia al reiterar su compromiso con la legalidad, la integridad y la vigilancia de las compras públicas.