Pidió Hugo Aguilar que evaluación judicial no termine en despidos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que las evaluaciones de desempeño para trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) no deben tener un carácter punitivo, sino servir para fortalecer sus capacidades y mejorar la eficiencia.

La postura del ministro se dio luego de las protestas de trabajadores contra los lineamientos de evaluación publicados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que contemplan la posibilidad de remover del cargo a quienes no alcancen una calificación mínima.

“Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos. La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, señaló la Corte en un comunicado.

Aguilar hizo estas declaraciones luego de reunirse con Raúl Bolaños y Ricardo Monreal, líderes legislativos de San Lázaro, con quienes abordó temas relacionados con el fortalecimiento del Poder Judicial.

Evaluaciones podrían derivar en despidos en 2027

Los lineamientos publicados por el OAJ establecen que las evaluaciones de desempeño serán únicamente diagnósticas durante este año. Sin embargo, a partir de 2027, los resultados podrían tener consecuencias para la permanencia en el cargo.

La medida contempla a secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales de tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Quienes obtengan menos de 60 puntos y no aprueben un examen extraordinario podrían ser removidos.

El proceso no aplica al personal de la Suprema Corte, sino a alrededor de 32 mil funcionarios del resto de los órganos jurisdiccionales federales.

Aunque Aguilar pidió que las decisiones se acompañen de diálogo, la evaluación como requisito de permanencia está contemplada en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, vigente desde enero de 2025. Lo que estaba pendiente era la publicación de los lineamientos para su implementación.

“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, expresó el ministro.