Suspenderán licencias a choferes de conduzcan intoxicados

Entre las nuevas disposiciones destaca que quienes desempeñen estas actividades y conduzcan o maniobren vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias tóxicas podrán ser sujetos a la suspensión de su licencia, aun cuando se trate de cualquier cantidad de alcohol, siempre que la conducta ocurra durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de estas.

La disposición contempla específicamente a personas conductoras prestadoras de servicio público, taxistas, choferes de plataformas digitales y operadores de transporte colectivo de pasajeros que sean detectados conduciendo en estado de intoxicación por alcohol o bajo el influjo de drogas, psicotrópicos o estupefacientes, salvo que exista una prescripción médica que certifique su capacidad.

Además, el dictamen establece que la reincidencia en infracciones consideradas graves puede derivar en sanciones más severas. Una de las modificaciones señala que la licencia podrá ser suspendida cuando el conductor acumule dos infracciones graves en ocasiones distintas dentro de un periodo de tres meses. Si la falta grave está relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, el periodo para considerar la reincidencia será de 12 meses.

La reforma también plantea que la licencia pueda ser cancelada de manera definitiva cuando su titular acumule tres infracciones graves en un periodo de un año, medida que podría afectar a los operadores que reincidan en este tipo de conductas.

Entre las demás causales para la cancelación definitiva se contempla provocar un siniestro de tránsito bajo los efectos del alcohol, drogas, psicotrópicos o estupefacientes cuando este provoque la muerte de una persona. También se incluye la presentación de documentación falsa o no proporcionar o comprobar la documentación requerida por las autoridades.

Los cambios fueron planteados por la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana y contemplan modificaciones a diversas disposiciones de ambos ordenamientos estatales, con el objetivo de homologar las reglas en materia de vialidad, movilidad y seguridad vial.