Riesgoso desaparición del INAI y Consejo de la Judicatura: González

Durante la discusión de la Opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la legisladora advirtió que estas medidas no solo amenazan la transparencia y el combate a la corrupción, sino que también incrementarán la opacidad en las instituciones públicas.

González Alonso subrayó que la desaparición del INAI elimina al único organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información en México, un derecho reconocido en más de 100 países. Según la legisladora, transferir esta responsabilidad a instituciones con intereses políticos y judiciales diversos fragmentará el acceso a la información, afectando su claridad y objetividad. Esto, añadió, representa un retroceso de más de 25 años en materia de rendición de cuentas, pues el INAI era la única instancia con capacidad para exigir transparencia al gobierno federal.

Además, la diputada destacó los riesgos asociados a la Plataforma Nacional de Transparencia, que alberga más de 15 mil millones de registros públicos y ha enfrentado más de 270 millones de intentos de ciberataques en 2024. Sin el INAI para supervisar su funcionamiento, advirtió, esta herramienta podría ser vulnerada, lo que afectaría el acceso a la información pública y aumentaría la posibilidad de uso indebido de datos personales.

En cuanto al CJF, González Alonso señaló que su desaparición deja incertidumbre sobre el funcionamiento del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y su impacto en el Sistema Nacional Anticorrupción. La diputada criticó que esta medida pone en riesgo la independencia judicial y contraviene el principio de separación de poderes, afectando también la aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la que el CJF jugaba un papel fundamental.

Finalmente, cuestionó la justificación del gobierno federal de que estas medidas buscan eficiencia administrativa, argumentando que, en realidad, otorgan al Ejecutivo un control absoluto sobre los datos personales de los ciudadanos, sin la supervisión de un órgano autónomo, lo que agrava la opacidad y la corrupción en las instituciones.