Chihuahua: FGE busca desescalar pleito en Residencial Leones🎦

La Fiscalía General del Estado mantiene desde enero un proceso de mediación en Residencial Leones, en Chihuahua capital, donde el conflicto entre los vecinos ha escalado hasta denuncias por amenazas, lesiones y daños.

Daniel Terrazas, director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, explicó para tiempo.com.mx que la dependencia busca generar un acuerdo entre las partes y evitar que el problema continúe creciendo.

Fiscalía interviene

“El tema del fraccionamiento Leones es un tema que hemos venido trabajando ya desde el mes de enero de este año, donde en realidad es un conflicto que ha escalado en muchos sentidos”, señaló.

El CEMASC es el área de la Fiscalía que reúne a las personas involucradas en determinados conflictos penales para que, con apoyo de facilitadores certificados, dialoguen y construyan una solución sin tener que esperar la resolución de un juicio.

La mediación es voluntaria, por lo que ninguna de las partes puede ser obligada a aceptar una propuesta. El Centro tampoco impone una decisión, sino que facilita el diálogo y ayuda a encontrar puntos de coincidencia.

Atendieron a 320 vecinos

Terrazas indicó que Residencial Leones cuenta con más de 790 condóminos, por lo que el proceso requiere escuchar las distintas versiones y necesidades de los habitantes.

Como parte de la intervención, el Centro realizó sesiones comunitarias en las que atendió directamente a más de 320 vecinos para conocer la problemática y explorar posibles soluciones.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a todas las partes. En este proceso ya hemos llevado incluso sesiones comunitarias, donde pudimos atender a más de 320 condóminos directamente, escuchándolos y atendiendo precisamente cuál es la problemática”, expresó.

El funcionario informó que las partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible concretarlo debido al carácter voluntario de la mediación.

Acuerdo casi cerrado se canceló

“Hemos buscado por varios esquemas el acuerdo. Hubo un acuerdo que ya estaba a punto de ser; sin embargo, por cuestiones de las partes, precisamente como te comento, 100 por ciento voluntario, no han podido llegar a un acuerdo”, dijo.

Terrazas aseguró que la prioridad de la Fiscalía es desescalar el conflicto, reducir las confrontaciones y evitar que las diferencias vecinales deriven en nuevos hechos posiblemente constitutivos de delito.

“El trabajo del Centro de Mecanismos y de la Fiscalía es buscar desescalar este conflicto y poder bajarlo para llegar a una solución”, afirmó.

Aunque los vecinos conservan el derecho de acudir a juicio, advirtió que un procedimiento legal podría prolongarse durante varios años y generar gastos en abogados y litigios, sin resolver necesariamente la convivencia diaria dentro del fraccionamiento.

Juicio podría irse hasta 5 años

“Se pueden ir por un juicio sin ningún problema, es voluntad de cualquiera de las partes. Sin embargo, el tiempo que van a durar, el gasto que van a hacer en el abogado, en el propio litigio, los va a llevar dos, tres, cuatro o cinco años antes de poder encontrar una solución”, explicó.

El director del CEMASC destacó que, independientemente del camino legal que decidan seguir, los involucrados continuarán compartiendo el mismo espacio habitacional.

“Ellos van a seguir siendo vecinos. Ellos siguen siendo vecinos y condóminos, y qué importante es que podamos encontrar la concordancia entre las partes y resarcir el tejido social del fraccionamiento Leones”, concluyó.

CEMASC recupera 42 millones de pesos y resuelve casi 5 mil expedientes

Durante el primer semestre del año, el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal logró resolver alrededor de 4 mil 900 expedientes mediante procesos de mediación, con lo que evitó que miles de carpetas de investigación avanzaran hacia procedimientos judiciales más largos y costosos.

Daniel Terrazas, director del CEMASC, informó que estos acuerdos permitieron recuperar y entregar más de 42 millones de pesos a víctimas y personas ofendidas por delitos, principalmente por concepto de reparación de daños, lesiones, fraudes y abusos de confianza.