Prisión preventiva a Ernesto Ruffo; sujeto a proceso penal por huachicol
Un juez federal otorgó prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, así como a Ricardo "N", José María "N", Guillermo "N", Juan "N", Luis "N", Adriana "N" y José "N", tras más de un día de audiencia, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Por: Redacción 19 Julio 2026 09 45
De acuerdo con el comunicado FGR 455/26, durante la audiencia inicial se expusieron casi un centenar de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ruffo Appel, Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis "N", la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 "Altiplano", en el Estado de México.
En el caso de José María "N" y Guillermo "N", permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana "N" quedará interna en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Nezahualcóyotl Sur.
Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Según la FGR, estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en las que los imputados posiblemente participaron.
La dependencia federal precisó que lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
La FGR señaló que estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
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