Propuso Vázquez Fiscalía de carreteras y proteger alcaldes amenazados🎦

“Ninguna familia debería vivir con miedo, ningún productor debería arriesgar la vida al transportar su cosecha y ningún ciudadano debería sentirse abandonado frente a la delincuencia”, expresó.

El legislador presentó estas acciones como parte de su agenda de Seguridad y Justicia, que incluye planteamientos para combatir la impunidad, investigar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales y proteger los datos personales de usuarios de telefonía móvil.

Fiscalía para atender delitos en carreteras

Vázquez impulsó una reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Caminos y Puentes Federales.

La propuesta busca atender los robos, extorsiones y secuestros que enfrentan productores, transportistas, comerciantes y ciudadanos en las carreteras del país, mediante una instancia específica para recibir denuncias y dar seguimiento a las investigaciones.

El senador señaló que se trata de una demanda reiterada de transportistas y productores del campo. Destacó que para Chihuahua la seguridad carretera es indispensable por la importancia del traslado de mercancías y productos agrícolas y ganaderos en su economía.

Plantea protocolo de protección para alcaldes

El panista también presentó un punto de acuerdo para impulsar un Protocolo Nacional de Protección y Prevención para Alcaldes, ante la violencia contra autoridades municipales.

El planteamiento contempla mecanismos de evaluación de riesgos, atención inmediata y protección para quienes enfrenten amenazas, además de una Comisión Bicameral que dé seguimiento a las investigaciones de homicidios de presidentes y expresidentes municipales.

“No podemos normalizar que servir desde un gobierno municipal implique poner en riesgo la vida. Proteger a nuestras autoridades también significa defender a las instituciones y a las comunidades que representan”, sostuvo.

Exige investigaciones imparciales sobre vínculos con el crimen

En materia de combate a la corrupción y al crimen organizado, Vázquez promovió puntos de acuerdo para exigir investigaciones sobre acusaciones de presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales en Sinaloa.

El senador pidió que estas investigaciones sean serias e imparciales, con respeto al debido proceso y sin protección ni privilegios para las personas involucradas.

Entre sus planteamientos incluyó el cumplimiento del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la cooperación institucional y la transparencia en las investigaciones.

También propuso que las autoridades electorales revisen, dentro de sus atribuciones, posibles vínculos entre estructuras políticas y grupos criminales.

Por otra parte, defendió a la gobernadora Maru Campos frente a señalamientos políticos que consideró carentes de sustento jurídico y pidió respetar la presunción de inocencia.

En ese contexto, propuso una disculpa pública de la dirigencia nacional de Morena hacia la mandataria y el pueblo de Chihuahua, además de exigir que la procuración de justicia se conduzca sin criterios políticos.

Solicita prórroga para vinculación de líneas telefónicas

El senador informó que presentó un punto de acuerdo para solicitar una prórroga antes de la suspensión de servicios por el proceso obligatorio de vinculación de líneas telefónicas móviles, ante las irregularidades reportadas.

La propuesta también pide investigar registros realizados sin consentimiento y establecer mecanismos para que los usuarios puedan conocer, corregir e impugnar las líneas asociadas a su identidad.

Vázquez sostuvo que la protección de datos personales debe ser una prioridad y advirtió sobre los riesgos de dejar a personas incomunicadas o expuestas al robo de identidad y al uso indebido de su información.

“La seguridad requiere instituciones fuertes, coordinación entre autoridades y una justicia que se aplique sin privilegios”, manifestó.

El legislador afirmó que continuará impulsando desde el Senado acciones para defender el derecho de las familias a vivir, trabajar y transitar en paz