Hasta 8 años de cárcel por despojar tarjetas de programas sociales

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, adiciona una fracción IV al artículo 383 y un segundo párrafo al artículo 385 del Código Penal Federal.

De acuerdo con el documento, incurrirá en abuso de confianza quien, siendo depositario, custodio, auxiliar o encargado de la tarjeta bancaria, medio electrónico, credencial o cualquier instrumento de pago mediante el cual se reciban pensiones, apoyos económicos o beneficios de programas sociales del Estado, disponga de los fondos para sí o para un tercero sin autorización del titular.

Las penas previstas para este delito, que van de seis meses a seis años de prisión y multa de hasta cien veces el salario, se incrementarán hasta en una tercera parte cuando la conducta se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor o con discapacidad, o cuando entre el responsable y la víctima exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o notoria confianza.

En los artículos transitorios, la iniciativa establece que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar deberán implementar protocolos accesibles de orientación, recepción y canalización de reportes o denuncias relacionadas con la retención ilícita o el despojo de tarjetas de programas sociales.

La legisladora considera imprescindible homologar a nivel federal la figura del abuso de confianza en estos casos, así como fortalecer los mecanismos de orientación y defensa de las víctimas en todo el país.

Expuso que se han identificado casos de despojo y disposición no autorizada de recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad por parte de familiares, cuidadores o terceros, y que "los mecanismos administrativos o civiles no han disuadido la expoliación patrimonial intrafamiliar de quien depende de un auxilio indispensable para disponer de su pensión".

Refirió que, debido a barreras de movilidad física, brecha digital, debilidad visual o condiciones de salud, un alto porcentaje de los beneficiarios confía su tarjeta bancaria y contraseñas a otras personas para cobrar el apoyo, y que en algunos casos los depositarios retienen indebidamente los fondos o entregan montos incompletos en beneficio propio o de terceros.

La diputada señaló que la Constitución reconoce el derecho a recibir una pensión no contributiva a través de estos programas, con el fin de fortalecer la protección social durante la vejez y reducir la vulnerabilidad económica de las personas con discapacidad.

Añadió que ambas pensiones han reducido la pobreza en 28 y 17 por ciento, respectivamente, y que benefician a 13 millones 892 mil 904 personas adultas mayores y a un millón 865 mil 433 personas con discapacidad.