Amplía Gil Loya poder de fiscales para pedir intervenir celulares

El acuerdo A/07/2026 fue publicado este miércoles 11 de noviembre por el Estado y entra en vigor esta misma fecha. Sustituye al acuerdo A/02/2024, emitido durante la gestión de César Jáuregui Moreno.

La modificación amplía las facultades expresamente delegadas a estos mandos e incorpora a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Lo nuevo

Frente al acuerdo de 2024, el documento de este 11 de noviembre del 2026 establece los siguientes cambios:

• Solicitar intervención de comunicaciones privadas: incorpora expresamente la facultad del artículo 291, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para pedir autorización a un juez federal.

• Solicitar extracción de información de dispositivos: agrega el párrafo cuarto del mismo artículo, que contempla obtener comunicaciones, documentos, archivos de texto, audios, fotografías y videos, con autorización judicial.

• Incluir información almacenada remotamente: la extracción también comprende datos contenidos en plataformas o centros de datos remotos vinculados con los dispositivos.

• Sumar a la Fiscalía de Tortura: su titular se incorpora entre los mandos que reciben las facultades delegadas.

• Actualizar el fundamento en telecomunicaciones: sustituye la referencia a la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por las disposiciones de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Lo que ya podían hacer

El acuerdo de 2024 ya delegaba a las áreas entonces incluidas las siguientes facultades:

• Solicitar geolocalización en tiempo real: pedir al juez competente que requiera la ubicación de equipos móviles relacionados con una investigación.

• Solicitar datos conservados: gestionar mediante autorización judicial la entrega de información que mantienen empresas de telecomunicaciones y proveedores.

• Requerir directamente geolocalización o datos en casos excepcionales: hacerlo en los supuestos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la obligación de informar al juez dentro de las 48 horas posteriores al cumplimiento del requerimiento.

• Pedir la conservación de datos hasta por 90 días: requerir que se preserve información contenida en redes, sistemas o equipos informáticos.

Las medidas excepcionales de geolocalización y entrega de datos contemplan peligro para la integridad física o la vida de una persona, riesgo para el objeto del delito y hechos relacionados con privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada.

¿Quiénes reciben las facultades?

Además de la Fiscalía de Tortura, el acuerdo comprende a las fiscalías especializadas en Control, Análisis y Evaluación; Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia; Operaciones Estratégicas; e Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

También incluye a las fiscalías de distrito por zonas y a la Dirección General Jurídica.

El documento mantiene la obligación de llevar un registro y garantizar el manejo adecuado de la información obtenida. Asimismo, establece que el titular de la Fiscalía General conserva el ejercicio directo de las facultades delegadas.