Congreso pide a TSJE informe por semilibertad de hermano de magistrada

Durante la más reciente sesión ordinaria, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sometió a consideración del Pleno un punto de acuerdo que exhorta a la titular del Poder Judicial del Estado sobre la situación jurídica de Édgar, hermano de Nancy Escárcega Valenzuela, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y esposa de Francisco Sánchez Villegas, legislador y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. 

La proposición del morenista se ceñía en un inicio a los hechos relacionados con Édgar, alias El Abejorro, quien desde 2020 purgaba una sentencia de 37 años de cárcel por el delito de secuestro, por lo que abandonaría su celda hasta el 9 de enero de 2057, según se planteaba en un inicio. 

Sin embargo, éste jueves 18 de septiembre el juez Juan Carlos Erives Fuentes resolvió que, en lugar de permanecer recluido hasta la fecha señalada, Édgar se internará en el penal cada viernes, en punto de las 8 de la noche, para salir a la misma hora de los domingos. Y ésta medida habrá de repetirse hasta el 30 de marzo de 2025. 

Mientras se desarrolla la impugnación que presentó al respecto la Fiscalía General del Estado, Torres Estrada advirtió la necesidad de que el nuevo Poder Judicial, que entró en funciones el 1 de septiembre, garantice la correcta y transparente aplicación de la Ley, sobre todo en un crimen de alto impacto como la privación ilegal de la libertad, donde la pena, al mismo tiempo, castiga al infractor y protege a las víctimas.

«No es posible que un juez determine que tres secuestradores salgan “a trabajar” entre semana, seguramente en esa actividad en la que se dedicaron durante muchos años, y que luego descansen porque “es una actividad muy pesada”. Salir a secuestrar gente no es algo fácil. Entonces regresan el fin de semana a descansar. Seguramente les van a poner un lugar donde puedan plácidamente reposar para luego regresar el lunes a secuestrar», ironizó.

No bastante, Sánchez Villegas formuló una moción al punto de acuerdo, que recibió 16 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Por lo anterior se modifica el contenido del documento original y, en un sentido amplio, se pide al TSJE un informe estadístico, desglosado por año y Distrito Judicial, que abarque los últimos cinco años y detalle sobre varios aspectos. 

La diputación exige un informe acerca del número total de solicitudes de cambio en la modalidad de pena conforme lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así como las solicitudes concedidas y negadas y los pormenores de criterios, protocolo y argumentos jurídicos que utilizaron los Jueces de Ejecución de Penas para conceder los cambios.