Entregadas 15 mil ha. a rarámuris por Plan de Justicia: RAN🎦

En entrevista, el director del RAN, Luis Cruz Nieva, informó que el plan sigue vigente y que, junto con el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, se analiza la posibilidad de programar una asamblea regional, probablemente hacia finales de este mes, para darle seguimiento.

"Sigue vigente, tan vigente que con el director, el licenciado Adelfo Regino, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estamos viendo la posibilidad de programar una asamblea regional", señaló.

Detalló que en dicha asamblea se dará seguimiento a todas las acciones que componen el plan, en materia de tierra, territorio, salud, vivienda, educación, electrificación y agua.

El funcionario, quien fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de la coordinación del programa, recordó que se han realizado restituciones de tierra en comunidades como Mogótavo y Santa Tulita, esta última en el municipio de Guadalupe y Calvo, y que fue la entrega más reciente encabezada por la mandataria en la región. De acuerdo con su estimación, en el conjunto de las tres restituciones se han entregado poco más de 15 mil hectáreas.

Explicó que estas tierras ya no se entregaron bajo la figura de ejido ni de comunidad, sino como propiedad comunal tradicional, una nueva modalidad que permite la Constitución y en la que la tierra pertenece a toda la comunidad y no a una persona en particular.

"El impacto es de primer orden, porque por primera vez se les está reconociendo su territorio, respetando sus formas tradicionales de organización y de representación", expresó.

Indicó que durante la reforma agraria nunca se reconoció a los pueblos originarios como propietarios del territorio y que, en algunos casos, se conformaron ejidos entre integrantes de comunidades indígenas y mestizos, de los cuales los primeros llegaron incluso a ser expulsados. Además, se les obligaba a organizarse conforme a la normatividad agraria, sin respetar sus usos y costumbres.

Añadió que, a partir de la reforma al artículo 2 constitucional, los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público, con patrimonio propio y personalidad jurídica, y que una vez que se apruebe el reglamento de esta reforma tendrán un ejercicio pleno de derechos. Como parte de ello, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (FAISPIAM), las comunidades reciben cada año recursos de manera directa para decidir en sus propias asambleas cómo utilizarlos, sin la intermediación de los gobiernos municipales.

Respecto a las nuevas instalaciones, el director destacó que la ubicación facilita a los usuarios la realización de sus trámites, pues cuenta en sus alrededores con servicios como copiadoras, expedición de actas de nacimiento y cajeros para el pago de derechos, además de buenas vías de comunicación.

Señaló que alrededor del 40 por ciento de la superficie del estado es ejidal o de propiedad social, por lo que prácticamente cualquier proyecto que se desarrolle en la entidad se encontrará en algún punto con este tipo de tierra, que contribuye a la producción agropecuaria y a los servicios ambientales.

Advirtió que, por desconocimiento, con frecuencia se realizan compraventas irregulares de terrenos de propiedad social, lo que en algunos casos lleva a los compradores a perder su patrimonio. Precisó que para adquirir derechos sobre una parcela o un solar es indispensable contar con una calidad agraria reconocida, es decir, ser ejidatario, comunero, avecindado o posesionario.

"Si yo no soy ni ejidatario, ni comunero, ni avecindado, ni posesionario reconocido por la asamblea del ejido, entonces yo no puedo participar en una operación de compraventa", explicó.

Para identificar si un predio es de propiedad social, la dependencia cuenta con la aplicación gratuita Ubica tu predio, disponible en la tienda Play Store para dispositivos Android, la cual indica si el usuario se encuentra en un terreno de este tipo y, en su caso, el nombre del ejido al que pertenece.

Sobre el crecimiento de las ciudades, el titular del RAN explicó que la dependencia forma parte del Ramo 15, junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, la Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), instituciones que participan en el ordenamiento del territorio. En ese marco, el RAN opera un programa de regularización y registro de actos jurídicos agrarios, al que los núcleos agrarios pueden incorporarse mediante solicitud a la Procuraduría Agraria y aprobación de su asamblea.

En cuanto a los retos de la institución, recordó que la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 permitió incorporar la propiedad social al mercado de tierras. Sin embargo, de 103 millones de hectáreas de propiedad social que existían entonces, actualmente hay 99 millones, mientras que los sujetos con derechos agrarios pasaron de alrededor de 3.5 millones a 5.5 millones.

Agregó que el objetivo central del RAN es brindar una atención eficiente, de calidad, con pertinencia cultural y perspectiva de género a todos los sujetos agrarios del país. Para ello, la dependencia redujo sus trámites de 55 a 37, eliminó requisitos innecesarios y avanza en una etapa de digitalización.

Actualmente, la constancia de vigencia de derechos ya puede tramitarse completamente en línea a través del portal del Gobierno de México. Se trata del trámite más solicitado, pues representa entre el 25 y el 30 por ciento de las solicitudes a nivel nacional, y en algunos lugares alcanza hasta el 40 por ciento.

ENTREVISTA COMPLETA: