Desinterés de SCJN que crimen organizado esté en elecciones: Ortiz🎦

La Suprema Corte anuló la ley chihuahuense que permitía anular elecciones por intervención del crimen organizado; el representante en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, calificó la decisión como un claro mensaje sobre el proceso electoral.

Por: Mauricio Munguía Loya 30 Septiembre 2026 11 06

La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la ley aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua que permitía anular elecciones si intervenía el crimen organizado o si un candidato tenía vínculos criminales, y el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez comentó sobre la decisión.

Carlos Ernesto Ortiz Villegas mencionó que la Corte envió un mensaje en el sentido de que a los ministros no les interesa que el crimen organizado esté dentro del proceso electoral, tras la anulación de la norma estatal, que buscaba preservar la integridad de comicios.

La norma del Congreso del Estado de Chihuahua estableció que una elección se anularía si en ella interviniera el crimen organizado o si el candidato tuviera vínculos criminales; la Suprema Corte la declaró inválida en una resolución que generó repercusiones políticas en la entidad.

"Lo de la Suprema Corte, bueno, pues es un claro mensaje que nos manda la Corte en el sentido de que, de que a ellos no les interesa que el crimen organizado esté involucrado en el proceso electoral del año que entra, no tan delicado. Cuando la Corte, cuando una Corte en un momento dado manda a decir que no están de acuerdo con una solicitud que hace el Estado de Chihuahua para que en las elecciones no intervenga el crimen organizado, pues es un tema muy grave, muy delicado", dijo Ortiz Villegas.

El representante de la gobernadora añadió que el gobierno estatal creyó en el respeto a la legalidad y sostuvo que el proceso electoral debía quedar exento de influencias externas y del crimen organizado, y que los ciudadanos debieron decidir de manera libre el rumbo de la entidad.

La anulación de la ley generó debate entre actores políticos y sociedad civil sobre las herramientas legales para enfrentar la infiltración del crimen en la política; autoridades locales y organizaciones aún evaluaron opciones legales y políticas para proteger la integridad electoral.


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