Ningún abogado encuentra "traición a patria": Samuel González🎦

"Hasta este momento no conozco a nadie, a ningún abogado que haya salido a decir que sí se cumplen los requisitos de la traición a la patria", expresó.

En entrevista para el programa Réplica, con Martín Zermeño y José Antonio Enríquez, para tiempo.com.mx y puentelibre.mx, el exdirector de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la antigua PGR (hoyr FGR) sostuvo: "Estoy convencido de que no hay elementos para vincularlo", en referencia a la imputación por traición a la patria.

Samuel González Ruiz reconoció que no conoce íntegramente la acusación ni todos los datos expuestos, debido al carácter privado de la audiencia en el Altiplano.

Explicó que su valoración parte de la información disponible y de las filtraciones sobre el caso.

"No era una invasión" el operativo antidrogas

El abogado centró su argumento en la finalidad del operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde, según explicó, se buscaba destruir un laboratorio de metanfetaminas. Tras esa intervención murieron dos agentes de Chihuahua y dos estadounidenses en un accidente vehicular.

Para González Ruiz, debe distinguirse entre una posible irregularidad en la participación de agentes extranjeros y una acción dirigida a dañar la soberanía nacional.

"No era una invasión, no querían quedarse con un pedazo del territorio nacional", afirmó. Agregó que el operativo tampoco tenía como propósito que una parte de Chihuahua pasara a formar parte de otro país.

En su análisis, la figura de traición a la patria exige acreditar una conducta que verdaderamente atente contra la soberanía, por lo que cuestionó que una intervención contra el narcotráfico pueda recibir esa clasificación.

"¿Cómo es posible que ante la comunidad internacional un operativo contra el narcotráfico se convierta en un atentado a la soberanía nacional que provoca que una persona sea acusada de traición a la patria?", planteó.

Omisión a Ley de Seguridad Nacional no acredita traición

González Ruiz explicó que uno de los puntos centrales es determinar si existía la obligación de notificar a las autoridades federales sobre la participación de los estadounidenses y, en su caso, quién debía cumplirla.

"¿Quién tenía la obligación de reportarlo?", preguntó al mencionar al jefe de la Agencia de Investigación que falleció, al fiscal y a los militares participantes en el operativo.

También señaló que debe discutirse si el conocimiento y la participación del Ejército eran suficientes para cumplir con los mecanismos de notificación.

Presentó este punto como una cuestión por resolver, sin dar por acreditado que se hubiera cumplido con el procedimiento.

El entrevistado sostuvo que una eventual omisión podría analizarse en materia de responsabilidades administrativas o, si se reúnen los elementos correspondientes, bajo un delito relacionado con el ejercicio de la función pública.

Sin embargo, cuestionó que esa falta de aviso se utilice para construir una acusación de traición a la patria.

Asimismo, criticó la regulación de agentes extranjeros en la Ley de Seguridad Nacional, a la que atribuyó vacíos y dificultades de aplicación por la cantidad de contactos cotidianos entre autoridades mexicanas y estadounidenses, particularmente en la frontera.

Precedente para otros funcionarios

En el terreno político, González Ruiz consideró que el caso se convirtió rápidamente en una confrontación entre autoridades federales y estatales.

"Inmediatamente se politizó algo que debió de haber sido estrictamente técnico", expresó al referirse a la discusión sobre las autorizaciones y la participación de los agentes extranjeros.

Advirtió que una vinculación por traición a la patria, bajo los argumentos que cuestionó durante la entrevista, podría abrir la puerta a acusaciones contra otros funcionarios que han mantenido relaciones de cooperación con Estados Unidos.

"Habrán abierto la puerta para que muchas gentes, con los mismos argumentos, vayan a dar a la cárcel", señaló.

En ese contexto mencionó a gobernadores, secretarios y fiscales, por sus contactos con autoridades estadounidenses.

Orden de arresto por traición a la patria, la primera en 80 años

González Ruiz afirmó que la jueza que libró la orden de aprehensión contra Jáuregui emitió la primera orden conocida por traición a la patria en 80 años, según su recuento.

Como antecedente mencionó el caso de Carlos Madrazo y otros dos diputados federales acusados en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.

Relató que permanecieron ocho meses en Lecumberri y posteriormente fueron absueltos, y recordó que Madrazo escribió el libro "Mi traición a la patria".

Sobre la renuncia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, el abogado González Ruiz respondió que estaba enterado y cuestionó otras resoluciones que le atribuyó, entre ellas la absolución de Israel Vallarta y la sentencia contra la hermana de Xóchitl Gálvez.

Sobre el caso Vallarta, sostuvo que la resolución fue, desde su punto de vista, "contra constancias". Consideró que la juzgadora sería recordada tanto por esa absolución como por haber librado la orden de aprehensión por traición a la patria contra Jáuregui.

Sería un "prisionero político"

Al ser consultado sobre la resolución que se esperaba este sábado 24 de octubre, González Ruiz reiteró que, a su juicio, no existen elementos para vincular a Jáuregui por traición a la patria.

Aclaró que desconoce si hay pruebas para imputarle otros delitos y sostuvo que, si las autoridades cuentan con ellas, deben presentarlas. También dijo no saber si el juez podría reclasificar la conducta bajo un delito distinto.

Sin embargo, advirtió que, si Jáuregui fuera vinculado por traición a la patria por participar o apoyar un operativo contra el narcotráfico con un país amigo, su valoración sería que "estaríamos frente a un prisionero político".