Apela Jáuregui vinculación a proceso estatal
La defensa del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó un recurso de apelación contra la resolución que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Argumenta que no existen elementos suficientes para establecer que conoció, autorizó o participó en las conductas que se le atribuyen.
Por: Redacción 28 Octubre 2026 12 56
El recurso fue interpuesto por el abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval dentro de la causa penal 3055/2026. Impugna la resolución emitida el pasado 22 de octubre por el juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos.
En el documento, la defensa expone siete agravios relacionados con la valoración de las pruebas, la falta de individualización de las conductas atribuidas al exfuncionario y la insuficiencia de los argumentos utilizados para justificar su vinculación a proceso.
Uno de los principales señalamientos es que la resolución le atribuye conocimiento y responsabilidad a partir de reuniones institucionales, relaciones jerárquicas y actuaciones de otros funcionarios, sin precisar qué conducta concreta habría realizado para participar en los hechos investigados.
“La anuencia que se atribuya a otros funcionarios no puede transferirse a Jáuregui por la sola posición de superior jerárquico”, establece el recurso.
La defensa cuestiona además que se hayan considerado como elementos coincidentes las entrevistas de diversos agentes sobre la intervención de personas extranjeras en los operativos. Señala que no se distinguió entre quienes tuvieron conocimiento directo de los hechos y quienes solo recibieron información de terceros. A su juicio, la coincidencia de esos testimonios no acredita por sí misma que el exfiscal supiera de la participación de dichas personas ni que autorizara sus actividades.
Otro de los argumentos sostiene que la existencia de reuniones privadas entre funcionarios no permite concluir automáticamente que en ellas se impartieran instrucciones ilegales.
“La privacidad de un encuentro puede explicar que no existan observadores, pero no revela qué se dijo ni convierte una reunión ordinaria en autorización delictiva”, puntualiza el escrito.
Asimismo, los abogados argumentan que la amplitud de una investigación y el número de testimonios recabados no sustituyen la obligación de identificar elementos específicos que relacionen al imputado con las conductas investigadas.
“La extensión de una investigación no determina su suficiencia respecto de una proposición particular. Puede existir información abundante sobre terceros y persistir una insuficiencia sobre la intervención del imputado”, señala el documento.
La defensa considera que el juez no explicó suficientemente cómo las actuaciones atribuidas a otros servidores públicos podrían constituir una participación conjunta del exfiscal en el delito. También cuestiona que la resolución no desarrollara adecuadamente las razones jurídicas sobre las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción como autoridades investigadoras.
Por ello, solicitó que se declaren fundados los agravios y que se revoque la vinculación a proceso dictada el 22 de octubre.
La presentación de la apelación abre una nueva etapa de revisión judicial de la resolución impugnada, sin que ello implique por sí mismo su revocación.
El recurso corresponde exclusivamente a la causa penal del ámbito estatal por ejercicio ilegal del servicio público. Es independiente del procedimiento federal que enfrenta el exfiscal por la acusación de traición a la patria.
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