Decreta Sheinbaum expropiación de sede del juego de pelota maya🎦

Este 2 de marzo, el Gobierno de México publicó el decreto “por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 09-22-49.26 hectáreas correspondientes a un inmueble de propiedad privada”.

El lugar está ubicado dentro de la poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, en el municipio de Ocosingo, estado de Chiapas.

Polígono expropiado

Entró en vigor de inmediato, al ser publicado este lunes.

La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en el bien inmueble y que formen parte de él, dice el decreto.

La Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación.

Si el particular interpone cualquier medio de defensa, la ocupación no se suspende.

Asimismo, el INAH debe cubrir con su presupuesto el pago de la indemnización, conforme términos de ley y según el avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Finalmente, queda inscrito en los Registros Públicos de la Propiedad Federal y el Estatal de Chiapas.

Terreno era de un particular

Desde el 19 de diciembre pasado, el Gobierno de México había publicado la declaratoria de causa de utilidad pública firmada por Claudia Stella Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, instrumento legal que es el paso previo a una expropiación.

Una vez que la Secretaria de Cultura declaró que el sitio es de utilidad pública, entregó la propuesta a la Presidencia para destinar el lugar para “investigación, protección, conservación, restauración y recuperación” de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná.

Este recinto arqueológico consta de una ciudad maya conocida por su gran acrópolis escalonada, la pirámide maya más alta de México.

Cuenta con templos mayas, al menos dos canchas de juego de pelota y palacios, así como elementos que describen la historia de guerra contra Palenque.

Ahí encontraron más de 300 textos jeroglíficos, algunos sobre la historia de los gobernantes del sitio.

El dueño Alfonso Cruz decidió cerrar el atractivo turístico que administraba el INAH, debido a una disputa por las tierras. Cerró las puertas por la inconformidad de la indemnización que le pretendía brindar el Instituto Nacional de Bienes Nacionales (Indaabin).

Acusó que el instituto disminuyó el valor de la zona arqueológica al calificarla como un agostadero, es decir, un espacio para el ganado.

Existía un convenio entre el dueño y el INAH para abrir la zona arqueológica con fines turísticos y de investigación, pero ante la inconformidad del pago, cerró el lugar.

Solicitó una evaluación justa en enero del 2024 para continuar con las negociaciones.

Fin a las negociaciones

Con la declaratoria de utilidad pública, el Gobierno procederá a tomar la zona de monumentos bajo su posesión.

El documento no explica si ya llegaron a un acuerdo o se están imponiendo, según lo permite la Ley de Expropiación.

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