Posverdad

La batalla legal del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, sumó un nuevo capítulo que inevitablemente tendrá lectura política: un juez federal le concedió suspensión definitiva que frena, por tiempo indefinido, la apertura a juicio oral por el proceso que enfrenta por presunto lavado de dinero. En otras palabras, el caso no se cae, pero sí entra en pausa.

La decisión fue otorgada por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien determinó que el procedimiento quede detenido una vez concluida la etapa intermedia, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la defensa.

Legalmente es un recurso válido; políticamente, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la velocidad de la justicia en casos de alto perfil.

La resolución no implica libertad para Duarte, pero sí le compra tiempo. Y en política, el tiempo suele ser tan valioso como una victoria judicial. Cada mes que pasa sin juicio oral enfría el tema en la opinión pública y reduce presión mediática, algo que en casos de exmandatarios pesa.

La acusación de la Fiscalía General de la República sostiene que durante su gobierno se simulaban apoyos al sector ganadero para desviar recursos a empresas donde él figuraba como socio. 

Es decir, un esquema que golpea directo al discurso anticorrupción que ha marcado la narrativa política nacional en los últimos años.

Este freno judicial también tiene eco político en Chihuahua, donde el caso Duarte ha sido bandera recurrente de distintos actores para marcar distancia del pasado priista o para señalar selectividad en la justicia, dependiendo del bando.

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El secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora, salió a poner sobre la mesa una cifra que en política nunca es inocente: 722 mil millones de pesos extra en inversión pública y una expectativa de crecimiento de entre 2.5% y 3% para 2026. 

El mensaje no solo es económico, también es político: hay dinero, hay obra y hay intención de que se note pronto.

Desde Palacio Nacional, el titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó claro que ese monto equivale a casi dos puntos del PIB. Traducido al lenguaje de la grilla: el Gobierno federal quiere que el motor económico arranque temprano y, de paso, que se vea quién está moviendo la palanca del desarrollo.

La apuesta por infraestructura, energía, agua y transporte no es casual. Son obras que generan empleo, contratos, presencia territorial y, sobre todo, narrativa. En tiempos donde el debate público se mueve entre seguridad, elecciones y tensiones con Estados Unidos, hablar de crecimiento y obra pública también es marcar agenda.

En el fondo, Hacienda manda una señal doble: hacia afuera, confianza económica; hacia adentro, disciplina en el gasto y alineación con el proyecto federal. Porque si el dinero fluye desde enero, también fluye la operación política en los estados.

El reto, claro, no es anunciar miles de millones, sino ejecutarlos sin tropiezos. En la 4T saben que el crecimiento económico también se vuelve argumento electoral. Y si la economía responde, habrá discurso para rato; si no, la oposición tendrá munición.