Posverdad

En el norte del país, el tema del agua ya dejó de ser técnico… y volvió a ser político.

La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el posible impacto del pago de agua a Estados Unidos encendió focos en el campo, especialmente porque durante meses se sostuvo el discurso de que no habría afectaciones para productores.

Hoy, la narrativa cambia… y eso no pasa desapercibido.

El contexto es complejo. México arrastra un adeudo dentro del Tratado de Aguas de 1944, en medio de una sequía prolongada que ha limitado la disponibilidad del recurso  . Aun así, el gobierno ha tenido que avanzar en entregas para evitar presiones mayores de Estados Unidos.

Y esas presiones sí existen. Desde Washington se ha empujado el cumplimiento del tratado, incluso con amenazas comerciales en el pasado  .

El problema es que en territorio mexicano ya hay consecuencias que comienzan a sentirse. Productores agrícolas han denunciado afectaciones directas: en Tamaulipas, por ejemplo, miles de hectáreas quedaron sin sembrar por falta de agua tras los envíos al vecino país  .

Ahí es donde la grilla se cruza con la realidad.

En Chihuahua parece que aun no se tiene afectación pero sin duda puede cambiar en cualquier momento.

Y el tema no llega solo. Se suma a una relación bilateral que ya viene cargada: tensiones por el tratado de agua, diferencias en política exterior —como el tema de Cuba—  , y el ruido constante en seguridad con el discurso de “narcoterrorismo”.

En conjunto, el tablero es claro: agua, política exterior y seguridad… todo en la misma ecuación.

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Al final sí pasó el Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República, pero no como lo había planteado originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El ajuste clave —y el más político— fue eliminar cualquier cambio a la revocación de mandato. Es decir, no habrá adelanto ni empalme con las elecciones de 2027, como impulsaba Movimiento Regeneración Nacional.

¿Quién frenó eso? Su propio aliado.

El Partido del Trabajo se mantuvo firme en su rechazo y obligó a modificar el dictamen. Su argumento fue claro: permitir que la presidenta apareciera en la boleta o promoviera el voto en ese contexto daría ventaja electoral al partido en el poder.

En política: no quisieron cargarle el costo de una elección dispareja.

La votación reflejó el acuerdo final: 87 votos a favor (Morena, PVEM y PT) y 41 en contra de la oposición, pero con un cambio sustancial respecto a la propuesta original.

El líder petista Alberto Anaya Gutiérrez ya lo había anticipado: apoyarían la reforma en lo general, pero se bajarían del artículo 35, el que tocaba la revocación.

Y así fue.

Lo que sí quedó en pie dentro del Plan B:

• Tope de 15 regidurías en ayuntamientos
  
  

• Límite de 0.70% del gasto estatal para congresos locales
  
  

• Eliminación de seguros de vida y bonos a consejeros del INE, magistrados y Oples
  
  

• Reducción progresiva del 15% al gasto del Senado
  
  

En resumen: sí a la austeridad política… no al ajuste electoral que generaba ventaja.

La lectura de fondo es clara.