Demanda Procuradora del Paso al ICE por mega centro de detención

El litigio, autorizado por la Corte de Comisionados durante su sesión del 6 de abril, busca romper lo que los líderes locales describen como un "patrón persistente de hermetismo" por parte de ICE respecto a la ubicación y desarrollo del proyecto. De acuerdo con informes difundidos desde enero, el gobierno federal adquirió una propiedad en Socorro por más de 122 millones de dólares y presuntamente adjudicó un contrato sin licitación de 30 millones de dólares para diseñar una prisión con capacidad para albergar hasta 8 mil 500 personas.

A pesar de ello, ICE no ha proporcionado información oficial sobre el impacto potencial del proyecto en la infraestructura de la zona, incluyendo el suministro de agua potable y el sistema de drenaje. La Procuraduría del Condado había presentado una solicitud formal de documentos desde febrero, sin obtener respuesta dentro del plazo obligatorio de 20 días que establece la ley federal.

"Debido a su gran magnitud, esta instalación podría generar una enorme demanda de los recursos naturales, de servicios de emergencia, de sistemas de salud pública y de infraestructura local", señaló Sanchez. "La transparencia es esencial para garantizar que tanto el público como los gobiernos locales comprendan plenamente lo que está ocurriendo", agregó.

La demanda solicita a una corte federal que declare ilegal la falta de respuesta de ICE, ordene la entrega inmediata de todos los documentos relacionados con la planificación, financiamiento e impacto ambiental de la instalación, y prohíba a la agencia ocultar documentación en el futuro.

El litigio se interpone en medio de una significativa oposición ciudadana. En enero, más de 200 residentes instaron a la Corte de Comisionados a investigar el proyecto, citando preocupaciones sobre el tamaño de la instalación, el impacto sobre los recursos urbanos del área y los reportes de abusos en centros de detención ya existentes, como el denominado "Camp East Montana".

"ICE ha incumplido cada plazo legal, sin dejar al Condado otra opción que buscar la intervención judicial", concluyó la Procuradora.