Conflicto de interés y residencia tambalean Tribunalito, señala Bazán

Por medio de comunicado el dirigente del PRI Estatal y diputado local mencionó que Gregorio Daniel Morales Luévano, quien resultó electo por el Congreso del Estado de Chihuahua el pasado jueves a magistrado del Tribunal Administrativo, tiene dos presuntas irregularidades.

La primera es que Morales -según su propio currículum vitae, tuvo del 2013 al 2016 a Mexicali, Baja California, como principal asiento de sus negocios.

Con ello “no cumple con el requisito de residencia de cinco años anteriores en el estado” de Chihuahua, como lo marca la convocatoria al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

El segundo punto irregular sería que Morales Luévano tiene conflicto de intereses porque ostentó cargo directo en la Secretaría de la Función Pública, donde tuvo participación en expedientes vinculados a procesos penales por delitos en la pasada administración.

Ello “no fue asentado en el procedimiento legislativo de selección de aspirantes”, resaltó Omar Bazán, quien pidió al Congreso del Estado revisar por medio del área jurídica la legalidad del proceso para escogerlo magistrado.

Y destacó Bazán “la interrupción del procedimiento para designar al tercer magistrado para su análisis en la Junta de Coordinación Parlamentaria”.

Apuntó a que el Congreso escogió ayer sólo a dos magistrados para el Tribunal: a Daniel Morales y a Alejandro Tavares Calderón.