Paréntesis | Columna Política | Por Daniela González Estrada

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Paréntesis

Columna Política

El paréntesis de este fin de semana no pudo escapar de la Ley de Fiscalización, es tiempo de hablar de este tema que es el siguiente en la agenda legislativa y subirá al pleno el próximo mes, sí o sí para su aprobación.

El 19 de abril del 2018, Blanca Gámez Gutiérrez, Rocío González Alonso y principalmente Jorge Soto presentaron la propuesta en el pleno.

Pero fue el pasado 15 de julio cuando las comisiones unidas aprobaron el dictamen, cinvo votos a favor, tres votos en contra y las ausencias de Misael Máynez del PES y de Miguel Colunga de Morena.

La Ley de Fiscalización viene dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, y va junto con el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior y el Comité de Participación Ciudadana, nombramientos que ya se han hecho en Chihuahua.

Fiscalizar es examinar una actividad para comprobar si esta cumple con las normativas vigentes, para ver si se cumple la ley y con esto los principios de legalidad, eficiencia y economía.

Desde el inicio surgieron los problemas en el Congreso pues esta Ley de entrada elimina la facultad que tienen los diputados de aprobar las cuentas públicas, cuestión que no debemos negar siempre se ha prestado a negociaciones referentes a intereses político-partidistas.

La intención fue hacer una armonización legislativa con las nuevas directrices y lineamientos que ahora establece el Sistema Nacional Anticorrupción y Estatal, de la forma que permite la legislación federal en la materia y en relación a el inicio de este sistema en el 2007 por el Partido Revolucionario Institucional.

El cambio que más destaca Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado es que la cuenta pública será auditada en el mismo año que sea presentada.

Por ejemplo la cuenta pública del 2018 se estaría dictaminando en el año 2019, en el año inmediato posterior, a diferencia de la ley federal que tarda dos años para poder presentar resultados completos. 

Así pues en Chihuahua estará adelante dos años en fiscalización... Vaya vaya, un jaque mate para los demás estados del país. Tema por el que ya voltearon a ver.

Además de que Héctor Acosta propuso precisamente cambios a la Ley Federal para acortar los tiempos el pasado 12 de julio en Monterrey, en el Foro Fiscalización Superior y el Derecho Humano al Buen Gobierno.

También están las medidas de apremio e imponer multas para aquellos servidores públicos y particulares que entorpezcan la labor de auditoría, osea que nieguen información para las revisiones.

Pero sin duda la parte más importante de la Ley, es que ahora un órgano técnico dará el análisis y revisión de la aprobación a las cuentas públicas que solo realizará la Auditoría Superior del Estado y ya no estarán sujetas a la voluntad de los diputados ni una votación en el pleno.

Este Órgano Interno de Control estará dentro del Congreso y dependerá de la Secretaría de Administración de la cual el titular es el doctor Jorge Issa González.

La Ley establece que se deberá hacer un concurso público y por una decisión mayoritaria se elegirá al titular del órgano por 7 años, por lo que se viene un nuevo nombramiento.

Nomas que no se les ocurra dejar que puedan aspirar militantes o ex funcionarios... Por aquello de que se les olvide el objetivo del Sistema Anticorrupción.

De aquí surgieron todos los problemas pues al principio casi ningún partido a excepción del PAN estaban de acuerdo y en si Miguel Colunga y Omar Bazán Flores mostraron más el rechazo.

Morena pidió mayor análisis y que no afecte las facultades de los partidos, Bazán Flores solicitó que se hiciera una ley espejo a la nación y quitar la armonización.

Sin embargo estas peticiones no fueron hechas pues afectarían la intención principal del dictamen, en consecuencia el diputado tricolor solicitó audiencia de alcaldes en las Comisiones Unidas, pero como aún no las instalaban el Auditor acudió a una reunión con ellos.

A pesar de esto persiste la preocupación priísta y en total 20 alcaldes, 26 síndicos y 200 regidores pidieron de nuevo la audiencia pero ahora sí en las Comisiones, cuestión que negaron los demás diputados y solo comentaron que antes de subirlo al pleno sería en encuentro.

Sobre esto Bazán Flores mencionó que ya platicó con varios alcaldes y ven la posibilidad de irse por el amparo ya que les fue violado su derecho constitucional.

Entre un poco más de lo que establece la ley, da la oportunidad para que un servidor público que ya no esté en el cargo tenga acceso a la información que requiera para efecto de poder defenderse de la Auditoría.

Esto pues muchos alcaldes cuando ya salen de su encargo no se pueden obtener información de los gastos que hicieron y además ya no se las proporcionan los nuevos presidentes.

También es importante recalcar que esta ley debió expedirse en el 2017, se pasó todo 2017, 2018 y lo que llevamos del 2019, pero como no hay sanción se tomaron su tiempo.

De igual forma el semáforo del Sistema Nacional Anticorrupción tienen un indicador que dice lo que le falta a cada estado para poder tener completo el Sistema y Chihuahua es el único estado que no tiene armonizada su Ley de Fiscalización.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN donde encabeza Fernando Álvarez Monje está ya más que listo para la total aprobación de la Ley y ya está pensado un Periodo Extraordinario dentro de 15 días, para por fin sacar el asunto antes del cambio de legislatura. 

Ahora será el momento de demostrar la autonomía política de la nueva Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta pide el voto de confianza y asegura en los próximos meses podrá demostrarse que no hay interés político ni preferencias a partidos. 

Esperemos que la congruencia y revisión oportuna sean grandes virtudes en la Auditoría así como en el nuevo nombramiento y que esta Ley pueda despuntar como el mayor acierto en combate a la corrupción y así aporte a tener una mejor sociedad.