Entrevista con Héctor Acosta, Auditor Superior del Estado de Chihuahua

La entrevista:

¿Cuál es su nombre y su cargo?

Me llamo Héctor Acosta Félix y soy Auditor Superior del Estado de Chihuahua.

¿Cuál es su origen?

Nací en la Ciudad de Chihuahua y soy abogado, egresado en 1993 de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, año en que se puso en marcha el programa de titulación automática por promedio.

Me tocó ser alumno de un grupo de maestros muy conocidos, hasta la fecha, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, algunos de ellos fallecidos, como: Jorge Mazpúlez Pérez, Reyes Humberto De las Casas Duarte, Alfonso Rivera Soto y Rodolfo Acosta Muñoz, un grupo de docentes muy apasionados en su actividad.

Asimismo me gradué con un grupo de compañeros estudiantes que eran académicamente muy competitivos y que actualmente casi todos tienen una exitosa vida personal y profesional como juezas, jueces, litigantes, representantes legales de empresas, servidores públicos, un notario y algunos son catedráticos.

¿Cuándo comenzó con su vida laboral?

Comencé a trabajar cuando estaba en el quinto grado de la carrera de licenciado en derecho, lo que significa que tengo 28 años ininterrumpidos en el servicio público en los diferentes niveles de gobierno: Municipal, Estatal y Federal, y he laborado en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el año 2000 me fui con el equipo del entonces exgobernador, Francisco Barrio Terrazas, pero quien me invitó a su área de trabajo fue el licenciado Eduardo Romero Ramos.

Entonces Lalo Romero Ramos ocupaba una subsecretaría en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y en 2003 se convirtió en el primer secretario de la naciente Secretaría de la Función Pública, nombrándome coordinador de asesores.

Por cierto con cierta malicia se ha hecho correr la versión falsa Que Eduardo Romero fue el presidente del Comité que designó la terna de donde se eligió al Auditor Superior, o sea a mí, lo cual es completamente falso, el presidió el Comité para elegir la terna para el Fiscal Anticorrupción.

*Lalo Romero no tuvo nada que ver con mi designación…

Cuando terminó el sexenio de Vicente Fox casi todos los chihuahuenses que ocupaban cargos de alto nivel en la Secretaría de la Función Pública, se regresaron, pero yo continué 12 años más, de modo que si sumamos los 6 de Fox, los 6 de Calderón y los 6 de Peña Nieto, estuve 18 años en la capital del país.

Durante mi paso por la Secretaría de la Función Pública, fui contralor de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Secretaría Energía, de PEMEX Petroquímica y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Terminé la carrera en la SFP Federal como jefe de los 225 contralores de la Administración Pública Federal y al término de dicho encargo, el presidente Enrique Peña Nieto me propuso como Comisionado para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que implicó que compareciera ante El Senado, donde obtuve las dos terceras partes de los votos de la cámara en 2014.

Un año antes de terminar el cargo por el que había sido designado por 5 años, renuncié para venir a participar en la convocatoria para nombrar al Auditor Superior del Estado, aunque debo decir que primero espere a ganar, cuando me designaron, fui a renunciar a la Ciudad de México.

Así que desde el primero de diciembre de 2018 estoy en la Auditoria Superior, con lo que cumplo 20 años de mi vida dedicado a desarrollar tareas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

¿Cuál fue su objetivo al llegar a la ASE?

Siempre me especialicé en estas materias por lo que decidí venir a Chihuahua, dadas las condiciones de corrupción en que había operado la anterior administración estatal.

Nuestra sociedad se sintió agraviada por los actos de opacidad del sexenio anterior y sentí que debíamos darles resultados.

¿Se ha avanzado en esta materia?

En el caso de los municipios tenemos leyes que se hicieron pensando en que todos tienen las mismas características y mientras hay municipios como Juárez cuyo presupuesto y características, pudieran asemejarse a algunos estados pequeños de la república en cuanto a la organización y el tamaño.

También hay otros municipios que por su presupuesto tienen dificultad para desarrollar sus actividades y cumplir al ciento por ciento con todas las obligaciones que tienen que ver con temas administrativos y de cumplimiento de la ley, entonces las leyes del país, no han establecido las diferencias.

Por citar un ejemplo, hay municipios donde la elección se hace a través de usos y costumbres e incluso los alcaldes no hablan el idioma español y tienen que cumplir con leyes tan complicadas como lo debe hacer el municipio más desarrollado o incluso los estados del país.

Esto se debe a la transversalidad de la ley que aplica igual para todos y nosotros desde la Auditoría Superior del Estado buscamos que la cumplan los municipios chicos, medianos y grandes realizando auditorías que verifiquen que la norma se cumplió tratando de dar hasta con el más mínimo acto de corrupción.

En Chihuahua hay una gran intención por cumplir con la ley, sobre todo en los mandos superiores es donde hay ese objetivo de llevar la transparencia a sus acciones, pero existen algunos servidores que no están en la misma línea  y en el del Estado, Municipios y Organismos Públicos, siguen presentándose deficiencias.

Todavía hay muchos matices en algunas áreas municipales, del propio gobierno estatal y de sus Poderes, pasa lo mismo en cuanto a los organismos que auditamos, algunos están muy organizados y adelantados en sus estrategias de transparencia, pero no deja de haber ciertas simulaciones de buscar cumplir únicamente en el papel.

Transparencia Internacional lleva 25 años evaluando el nivel de corrupción de los países y en ese tiempo la calificación más alta que ha obtenido México es de 3.7, que se otorgó en el 2000, en una escala del 1 al 10.

Las últimas que se han otorgado a México apenas rozan el 3.0 por ciento, lo que nos dice que lamentablemente somos un país atrasado en esta materia tan importante en todos los niveles de gobierno y que  involucra a las administraciones de todas las procedencias político partidistas.

¿Cuántos organismos se fiscalizan?

Son cerca de 300 organismos y a los 67 municipios.

¿Cuáles han sido los avances desde que llegó?

En toda la historia de la Auditoría Superior del Estado, es decir de 2007 que empezó a funcionar, a la actualidad en 2020, se habían presentado 30 denuncias, y de ellas en los 18 meses que tenemos trabajando, presentamos 18 que significan más del 50 por ciento del historial.

Adicionalmente en esos 18 meses, ya tenemos tres sentencias penales condenatorias en contra de servidores públicos por actos de corrupción y una de ellas es la primera que se obtiene derivada de la revisión de una cuenta pública que fue en la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Es la primera que se obtiene además por la Fiscalía Anticorrupción, con la que estamos trabajando muy coordinadamente con su titular, la licenciada Gema Chávez.

¿Cómo se van detectando las irregularidades?

Tenemos un ejercicio que denominamos Mapas de Riesgo de Corrupción donde a partir de evaluar ciertos factores, determinamos cuales son las áreas e instituciones que tienen mayor probabilidad de que se presenten acciones ilícitas y ahí enfocamos las auditorías.

Hemos presentado 175 denuncias administrativas, mientras que en toda la historia, de 2007 hasta 2018, sólo se habían presentado 8 denuncias en contra de funcionarios del Gobierno Estatal.

En materia de las tres sentencias penales, una de ellas es por desvío de recursos destinados a becas de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Las otras están relacionadas con el manejo de recursos al interior de la Auditoría Superior del Estado, una de ellas la simulación de un contrato por más de 5 millones de pesos y la otra porque se pagaron viajes a familiares de ex servidores públicos de la ASE.

Esto es importante porque nosotros obtuvimos esas tres sentencias en 18 meses y la Auditoría Superior de la Federación no llega ni a 5 sentencias obtenidas de sus denuncias penales en toda su historia.

¿Que propicia los actos de corrupción?

*La impunidad es lo que propicia que la corrupción no disminuya y que se sigan cometiendo actos de esta naturaleza, mientras exista, es una invitación a que continúe, por ese motivo la prioridad es acabar con la corrupción.

En cambio un sistema eficiente de combate a la corrupción, implica contar con un sistema que incluya un mecanismo preventivo que contenga la detección, la denuncia y la sanción.

Todo este círculo virtuoso va encaminado a combatir la impunidad y a prevenir en base al modelo ya mencionado, los hechos con mayor factibilidad de convertirse en ilícitos vinculados con la corrupción.

¿La corrupción se puede prevenir?

*Claro, por supuesto, de hecho es la primera etapa para quienes luchamos contra actos de este tipo.

Deben aplicarse los Programas de Control de Confianza para la contratación de los funcionarios públicos destinados a determinadas áreas, ya que puedes reclutar personas que son proclives a cometer actos de corrupción y colocarlos en el manejo de los recursos.

Me tocó la experiencia de que siendo contralor del IMSS, el encargado de realizar la compras, cuando le preguntaron al Director General, ¿quién es tu jefe de compras?, no tenía idea de quién era, ni de quien se trataba o cómo había llegado.

Le dije que era vital implementar el programa de Control de Confianza en las áreas más importantes, así como contar con reglas que permitan fortalecer el control interno para que se pueda detectar cualquier desviación, esto no existe lamentablemente en controles estatales.

¿Se están fiscalizando a los municipios?

*Desde luego y este año por primera vez vamos a tener los resultados sin el filtro del Congreso, de modo que los resultados que obtengamos inmediatamente, los vamos a dar a conocer antes del 15 de diciembre.

Esto permitirá que ya no se tengan que confirmar observaciones y nos regresa la autonomía que nos daba las Constituciones Federal y Estatal, pero que en la práctica estábamos supeditados a decisión final del Congreso.

Los primeros informes individuales de auditorías que daremos a conocer cuando se levante la suspensión por la contingencia de  salud, serán las de Ciudad Juárez, de Chihuahua y Cuauhtémoc, así como algunos entes del Gobierno del Estado, con las acciones y observaciones que se hayan encontrado.

¿Deben darle dientes a los síndicos?

*Opino que esa figura en nuestro estado requiere de una reestructuración completa, desde la propia Constitución Local, no puede haber un órgano de control ni de fiscalización, como son los síndicos, que proceda de una elección popular, de un proceso electoral y hayan sido postulados por un partido político.

Por esencia tienen ellos tienen vinculación política y tienen con mucha frecuencia aspiraciones políticas y pueden usar los resultados de sus investigaciones para favores o perjudicar a personajes que consideran que son o no son parte de sus intereses.

Esto no significa que no existan síndicos en Chihuahua que no estén haciendo bien su trabajo, no me refiero a las personas, sino al sistema.

Se necesita que el síndico derive de un proceso completamente distinto al electoral, deben surgir de una Convocatoria que evalúe las capacidades técnicas de quienes van a ocupar dicha función y las realicen con conocimiento en materia de auditoría, de materia legal, de responsabilidades y de fiscalización.

¿Se les debe dar voto en el Cabildo?

*De ninguna manera, el síndico con voto en el Ayuntamiento desnaturalizaría su actividad que es la de un observador externo que detecta la regularidad en la toma de decisiones del municipio.

Insisto en que quienes llegan a buscar la sindicatura vienen a comenzar o a continuar con una carrera política lo que desvirtúa los resultados de sus auditorías o de sus revisiones.

Necesita haber una modificación, que incluso ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante una acción de inconstitucionalidad que presentó el Municipio de Juárez, en donde se determinó que los síndicos no pueden ser el órgano interno de control de los municipios.

*Creo que para resolver el problema en el Congreso del Estado, podría ser adecuado que se modificara toda la estructura y los procesos de revisión y determinar si se establece un sistema de vigilancia municipal completamente apartidista y apolítico.

Dentro de las prohibiciones puede quedar que el sindico no pueda aspirar a cargos de elección popular y esto debe incluir a los fiscalizadores estatales como son los Auditores Superiores de los Estados que deberíamos de tener un especie de veto al menos en un periodo determinado para no ser candidato a cargos de elección popular para que no vaya a caer en la tentación de utilizar los resultados para buscar puestos políticos derivados de los resultados de su función como fiscalizadores.

La anécdota:

En el año de 2010 cuando me desempeñaba como Contralor del Seguro Social, recibí la llamada del entonces Director, Daniel Karam, me pidió que me presentara en su oficina.

Estaba acompañado por el Coordinador de Asesores y el Director Jurídico del IMSS y me planteó lo siguiente:

Dijo que le habían informado que por la noche de ese día, durante el noticiero de Joaquín López Dóriga, iban a transmitir una llamada que les filtraron donde intervenía el Jefe de Compras del Seguro poniéndose de acuerdo con un proveedor respecto de una licitación.

Le recomendé que me presentaran la denuncia para que en ejercicio de mis atribuciones pudiera suspender al servidor público.

Así cuando saliera la información en el noticiero se contestara que el funcionario había quedado separado de su cargo.

El problema era que el Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas que era mi jefe, acompañaba al presidente Felipe Calderón en un largo viaje en avión y era imposible contactarlo antes de que pasaran la llamada.

Debía tomar una decisión y sin consultarlo lo suspendí, él era en materia de compras, el funcionario más importante del Gobierno Federal por los recursos que maneja el IMSS.

Cuando  hablé con el Secretario le informé lo que había ocurrido y cuando regresó me mandó llamar para preguntarme el, ¿por qué?, de la decisión y le expliqué que  había que asumir el riesgo porque el tiempo apremiaba.

Sabía que había tomado la decisión correcta y a los 6 meses me llamó el Secretario nuevamente a su despacho para nombrarme Coordinador General de Contralores.

En cambio el Jefe de Compras del IMSS, terminó inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo público…