*Prohibir y perseguir no detendrá al independentismo *Faltan respuestas políticas y no judiciales

La aprobación de la ley del referéndum en el Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de los partidos independentistas y el abandono de los diputados de oposición del hemiciclo, abrió un escenario donde están prevaleciendo las respuestas judiciales y no políticas.

El gobierno de Mariano Rajoy sólo aplica fallos judiciales para enfrentar un problema claramente político. A través del Tribunal Constitucional pidió suspender la ley del referéndum, investigar al president de la Generalitat y a miembros de su gobierno. También citar a declarar a diputados del Parlamento y al 75% de los alcaldes que están apoyando la consulta del 1 de octubre.

Con acciones judiciales no se deben resolver problemas políticos, porque ensombrecen la democracia. En el caso catalán es un error político perseguir a personas que buscan el reconocimiento a su identidad política. También es una equivocación requisar urnas y

boletas electorales, más cuando en los últimos años el Gobierno de Mariano Rajoy no ha intentado debatir en el Congreso ni pactar con los partidos políticos para resolver las aspiraciones separatistas en Cataluña.

Durante años el gobierno español ignoró las demandas del nacionalismo catalán. Esperaba que los ánimos independentistas acabaran por diluirse. Rajoy y su equipo no le dieron importancia a que la celebración de la Diada, la Fiesta de Cataluña, iba reuniendo desde 2012 a más gente que reclamaba el derecho a la autodeterminación.

Hoy se prohibe el referéndum y se criminaliza a sus promotores. La actuación del gobierno español es suspender de una manera preventiva la consulta y atemorizar a quienes quieren participar. Todas estas actuaciones no son más que el fracaso de la política que se explica por una falta de diálogo y negociación para encarar el problema del separatismo en Cataluña, una demanda que llevaba años gestándose.

José Ramón Santillán Buelna

Doctor en Ciencias Políticas. Universitat Pompeu Fabra