Por considerar que afecta la economía de los chihuahuenses, el diputado priista Omar Bazán presentará ante el Congreso la iniciativa para derogar el impuesto a profesiones y ejercicios lucrativos que pretende cobrar el Gobierno del Estado, tras la reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua por parte de la anterior legislatura.

“Se presentó por parte del diputado panista Miguel Latorre como modernización del marco jurídico fiscal del Estado que abrogaba el antiguo Código Fiscal del Estado de Chihuahua expedido en 1970, pero solo hicieron algunas adecuaciones para reglamentar finalmente el cobro de impuesto del 2 por ciento a los profesionistas”, señaló el también dirigente estatal del PRI.

La ley de Hacienda, explicó, señala que son objeto de este impuesto los ingresos que, en efectivo o en especie, recibanen el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, mediante la explotación de una patente aduanal o en cualquier otra forma análoga a las anteriores.

También “cuando las personas físicas estén organizadas en agrupaciones profesionales, asociaciones, colegios, sociedades de carácter civil o cualquiera que sea su denominación, serán ellas mismas sujetos del impuesto, por la participación que les corresponda en los ingresos de la organización.

La base de este impuesto es el total de los ingresos obtenidos con motivo de las actividades y conceptos a que se refiere el mismo.

Lo anterior, dijo el diputado Omar Bazán, afecta la economía de los profesionistas pues tendrían que pagar también el impuesto sobre la renta federal.

Bazán Flores señaló que pedirá la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones para eliminar este impuesto.

Además, para que la presente legislatura apruebe el enviar al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma para que se reduzca el IVA y el Impuesto sobre la Renta en todos los municipios de los estados fronterizos y que dichos estímulos fiscales se establezcan como permanentes y no al criterio de un decreto presidencial al año.