Versión oficial sobre vinculación a proceso de Eduardo Esperón

Durante la audiencia celebrada este martes, el Juez de Control, Octavio Rodríguez Gaytán, resolvió la situación jurídica del ex funcionario al dictarle auto de vinculación a proceso en la causa penal  2550/2018, por el delito de peculado agravado con base a la denuncia presentada el 4 de agosto de 2017, por la Secretaría de la Función Pública.

La representación social presentó elementos incriminatorios irrefutables sobre la manera en que confabuló para cometer el desvío de dinero con el propósito de cumplir con compromiso personal del ex gobernador y hoy prófugo de la Justicia, César Horacio Duarte Jáquez.

Destacó que Eduardo E. G., como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el 16 de diciembre de 2015, solicitó a la Secretaría de Hacienda mediante oficio RF2495/2015, 20 millones de pesos, donde señalaba que serían destinados al contratista Ingeniería y Diseño VAN. SA de CV, para cumplir en la construcción del Centro de Justicia y/o Ciudad Judicial.

 No obstante, toda vez que recibió dicha cantidad, sin justificación alguna, el 18 de diciembre de 2015, expidió el cheque número 14928 a favor de INFOCOM Sistemas de información S.A. de C.V. mismo que cobraron ese día con cargo a la cuenta bancaria número 00195023114 de la institución bancaria BBV Bancomer perteneciente a la SCOP de Gobierno del Estado.

Las investigaciones ministeriales efectuadas en la Operación “Justicia para Chihuahua”, descartaron que la empresa Ingeniería y Diseño VAN. SA de CV subcontrató a INFOCOM Sistemas de información S.A. de C.V., para la realización de algún trabajo en la otra de la Ciudad Judicial.

También descartó que existiera algún adeudo del Gobierno del Estado con la citada moral o alguna relación contractual, no así, pudo establecer que los 20 millones de pesos fueron entregados a persona de nombre Javier Muruato, socio de INFOCOM Sistemas de información S.A. de C.V, por compromisos que el exgobernador tenía con él desde que fue diputado federal.

 Puntualizándose en la audiencia por parte de la representación social, que el ex funcionario tenía facultades para incidir en los recursos económicos de la dependencia a su cargo, y que previo acuerdo con diferentes servidores públicos, en diciembre de 2015 desviaron la citada cantidad del patrimonio estatal, recurso que era para fines públicos.